Veintiún presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Pinos’ fueron judicializados luego de una ofensiva coordinada entre la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá. La organización criminal, dedicada al tráfico local de estupefacientes, la extorsión y la ejecución de homicidios selectivos, centraba sus operaciones en sectores vulnerables de las localidades de Usaquén y San Cristóbal. Las autoridades confirmaron que el grupo generaba ingresos ilegales estimados en 30 millones de pesos mensuales.
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La desarticulación de esta estructura fue el resultado de una investigación de catorce meses que incluyó la infiltración de un agente encubierto, vigilancias e interceptaciones telefónicas. Con el material probatorio recopilado, se ejecutaron 20 diligencias de allanamiento en las que se detuvo a 19 hombres y tres mujeres, todos de nacionalidad colombiana. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para 16 de los procesados.
El sello del ‘Panda’ en los parques de Usaquén y San Cristóbal
El expediente judicial revela que ‘Los Pinos’ abastecían las zonas de distribución con marihuana y cocaína provenientes de la localidad de Usme. El transporte de la sustancia se realizaba en vehículos de transporte público tipo taxi para evadir los controles policiales. Una vez en los barrios de destino, el estupefaciente era dosificado en viviendas particulares y comercializado al menudeo en los sectores de La Gloria y Los Libertadores, utilizando en ocasiones a habitantes de calle para el expendio en parques, vías públicas y canchas de fútbol.
Un elemento clave para los investigadores fue la identificación de la marca de la organización. El grupo utilizaba el logotipo de un oso panda para sellar los paquetes de droga y realizaba grafitis con esta misma figura en las paredes de los territorios bajo su control para delimitar su zona de injerencia frente a otras estructuras criminales.
Cabecillas manejaban el negocio desde Combita y Jamundí
La investigación penal demostró que los principales dinamizadores de la violencia de esta banda se encuentran actualmente privados de la libertad en centros penitenciarios de máxima seguridad, desde donde coordinaban las órdenes de sicariato y cobro de extorsiones mediante llamadas telefónicas.
Entre los imputados destaca alias Costa, señalado como uno de los máximos jefes, quien desde la cárcel de Combita (Boyacá) presuntamente dirigía el componente de tráfico y está vinculado con el asesinato de un patrullero de la Policía Nacional ocurrido en el barrio El Restrepo en el año 2022.
Asimismo, alias Santanderiano, segundo al mando de la estructura, coordinaba las actividades criminales desde la prisión de Jamundí (Valle del Cauca). La Fiscalía le atribuye la autoría intelectual de un homicidio perpetrado el pasado 17 de enero de 2026, motivado por disputas territoriales y el no pago de extorsiones. El tercer nivel de mando estaba ocupado por alias Vega, capturado en esta operación, a quien se le sindica de ordenar dos asesinatos: uno en 2025 por ajuste de cuentas y otro en el presente año por motivos pasionales.
El brazo sicarial de la red fue neutralizado con la captura de alias Quintero, jefe de los ejecutores, junto a la imputación de alias Millos y Jerson en centro carcelario, vinculados a un doble homicidio en la localidad de San Cristóbal. Entre los demás detenidos figuran alias Suegro, conductor de los taxis utilizados para el tráfico logístico, y ocho expendedores conocidos en el sector con los alias de Mono, Chiqui, Moreno, Empanada, Pinky, Brayan, Daniel y Rogelio.
Exclusiva: “La droga es el combustible de las violencias”, advierte el Distrito
Durante los operativos de registro se incautaron más de 350 gramos de marihuana, municiones de diversos calibres y cinco teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense. A los procesados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria. La mayoría de los capturados registraba antecedentes por feminicidio, hurto calificado, amenazas y lesiones personales.
En declaraciones exclusivas entregadas a este medio, el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, enfatizó en el impacto social que genera el desmantelamiento de estas redes de microtráfico en las comunidades periféricas de la capital. El funcionario envió un mensaje directo sobre el alcance institucional y la necesidad de reformas estructurales en el marco normativo.
“El mensaje para los criminales es claro: ustedes podrán esconderse, pero la gente está hablando y las autoridades están actuando. La Policía Metropolitana no se va a cansar de perseguirlos porque esa es su función y porque hay un compromiso absoluto de trabajar por la seguridad de la ciudad”, aseguró el secretario César Restrepo.
El jefe de la cartera de Seguridad distrital también llamó la atención sobre las dinámicas delictivas que afectan a la infancia y juventud en los entornos urbanos, insistiendo en que el narcotráfico a pequeña escala es el eje articulador de la criminalidad organizada en Bogotá.
“También hay un mensaje para el país: la droga es el combustible de muchas de las violencias que vivimos. Por eso necesitamos tomar decisiones serias como sociedad y revisar herramientas legales que permitan actuar con mayor rapidez frente a estos delincuentes, aprovechando además la confianza de los ciudadanos que cada vez entregan más información para sacarlos de las calles”, indicó el funcionario.
Las autoridades locales instaron a los habitantes de Usaquén y San Cristóbal a mantener el flujo de denuncias confidenciales mediante la línea de emergencia 123 o en los Centros de Atención Inmediata (CAI) de cada cuadrante para evitar que estas zonas periféricas vuelvan a ser capturadas por reductos del microtráfico.