La Registraduría Nacional del Estado Civil salió al paso de las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre un supuesto inconveniente con el traslado del material electoral en Chinú, Córdoba, y aseguró que todo el operativo se desarrolló con normalidad, bajo estrictos protocolos de seguridad y acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.
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La polémica surgió luego de que el mandatario replicara en redes sociales una publicación en la que se insinuaba que parte del material destinado para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo habría sido descargado antes de llegar a la sede municipal de la Registraduría en Chinú. La versión generó preocupación y abrió un nuevo debate sobre las garantías del proceso electoral en Colombia.
Tensión entre Petro y Registraduría por elecciones del 31 de mayo: entidad aseguró que material electoral llegó “sin novedad”
Sin embargo, horas después, la Registraduría emitió un comunicado en el que negó cualquier irregularidad y le pidió al jefe de Estado “no incurrir en la desinformación” frente a un tema considerado sensible para la confianza ciudadana en las elecciones.
La entidad explicó que el traslado de los kits electorales se realizó conforme a los procedimientos establecidos y bajo vigilancia permanente de la Policía Nacional. Además, indicó que el material llegó “en perfectas condiciones” a la sede correspondiente en el municipio cordobés.
Según detalló el organismo electoral, durante el operativo únicamente se presentó una congestión vehicular que duró aproximadamente tres minutos, situación que fue interpretada erróneamente por algunos ciudadanos y terminó alimentando versiones sobre un supuesto desvío del material.
“Durante el operativo, se presentó una congestión vehicular de aproximadamente tres minutos. En ese momento, el periodista José Jorge Otero, de NotiChinú, solicitó a los uniformados habilitar el paso; sin embargo, las autoridades le indicaron que debía esperar mientras se completaba el traslado seguro del material electoral”, explicó la Registraduría.
La entidad también señaló que, según el reporte oficial, el comunicador desacató las instrucciones impartidas por los uniformados y utilizó expresiones ofensivas contra los agentes encargados del operativo, motivo por el cual la Policía procedió a imponerle un comparendo.
El episodio rápidamente tomó relevancia nacional debido a las declaraciones posteriores del presidente Petro, quien pidió explicaciones al director de la Policía y lanzó cuestionamientos sobre la seguridad del sistema electoral colombiano.
En su publicación, el mandatario aseguró que “solo la vigilancia física de las personas por millones puede vencer la alteración de algoritmos que la Registraduría no quiso evitar”, mensaje que generó reacciones políticas y abrió nuevamente la discusión sobre la transparencia tecnológica de los procesos electorales en el país.
Frente a esas afirmaciones, la Registraduría insistió en que existen mecanismos de control y monitoreo permanente para garantizar la trazabilidad del material utilizado en las jornadas electorales.
La entidad recordó que cada kit electoral cuenta con sistemas de georreferenciación, los cuales permiten seguir en tiempo real el recorrido del material desde su salida hasta la entrega final en cada municipio del país.
Además, reiteró que todos los traslados se realizan bajo acompañamiento de las autoridades y siguiendo protocolos diseñados para proteger la integridad del proceso democrático.
La controversia se produce a pocos días de las votaciones presidenciales y en medio de un ambiente político marcado por fuertes discusiones sobre seguridad electoral, tecnología y garantías institucionales.
Aunque la Registraduría descartó cualquier anomalía en el caso de Chinú, el episodio volvió a poner sobre la mesa la tensión existente entre el Gobierno nacional y las autoridades electorales, especialmente frente al uso de herramientas tecnológicas y sistemas de verificación en las elecciones.
Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando los operativos logísticos para distribuir el material electoral en diferentes regiones del país, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática del próximo 31 de mayo.