El presidente Gustavo Petro emitió una orden directa a la Policía Nacional para capturar a un grupo de individuos que, bajo la fachada de ser agentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mantienen un cerco sobre la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Bogotá. La denuncia del mandatario advierte sobre una estrategia sistemática de intimidación contra la comunidad estudiantil y subraya un choque político de alto nivel al responsabilizar, sin rodeos, a la administración distrital por este clima de hostilidad.
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A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado desmintió tajantemente que los hombres apostados en las inmediaciones del centro de educación superior pertenezcan a la entidad de protección estatal. Las directrices desde la Casa de Nariño fueron precisas ante lo que el Gobierno considera una violación de derechos fundamentales. “Le ordeno a la policía capturarlos porque constriñen la libre movilización del estudiantado y generan miedo”, sentenció Petro.
El presidente elevó el tono de la confrontación al asegurar que la universidad está siendo “permanentemente hostilizada violentamente desde la alcaldía”, un señalamiento que tensa las relaciones con el Palacio de Liévano. Petro cerró su intervención con una advertencia sobre el respeto a las garantías constitucionales: “En el país hay democracia y no fascismo”.
Diálogos de paz frente a la crisis de seguridad
Esta alerta presidencial de máxima seguridad estalla de manera paralela a los esfuerzos de las directivas de la UPN por construir salidas institucionales con la ciudad. Este viernes 22 de mayo, el rector de la institución, Helberth Choachí, instaló una mesa de trabajo con concejales de diversas bancadas de Bogotá. El propósito central de este encuentro es, paradójicamente, desactivar las violencias en el entorno del campus y buscar rutas que garanticen la integridad de los jóvenes.
Choachí planteó a los cabildantes tres líneas de acción urgentes. La primera aborda frontalmente los problemas de convivencia entre la institución y la capital. La segunda busca viabilizar una tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes de universidades públicas y privadas. Finalmente, el académico lanzó una propuesta directa para que el Concejo de Bogotá, apartando divisiones partidistas, declare formalmente a la UPN como un “territorio para la memoria y la construcción de paz”.
Estrategias para blindar al estudiantado
Mientras en los alrededores de la calle 72 se registra la zozobra denunciada por el primer mandatario, en las mesas de trabajo se evalúan planes de choque. Los concejales asistentes reconocieron los mecanismos internos que sostiene la universidad para evitar la deserción de la población más vulnerable. Este salvavidas institucional opera mediante la entrega de subsidios de alimentación total (desayuno y almuerzo), dotación tecnológica para personas con discapacidad, gratuidad en los costos de inscripción y apertura de nuevas sedes regionales.
Para enfrentar de raíz la inseguridad barrial, el microtráfico y las barreras de movilidad, la academia y los cabildantes pactaron la instalación inmediata de mesas técnicas. A este mecanismo se sumará la creación de una comisión accidental para destrabar el debate del transporte y la organización de cabildos abiertos con la ciudadanía. La presión de estos espacios recaerá directamente sobre las distintas carteras del Distrito, especialmente la Secretaría de Seguridad, entidad que deberá responder por un orden público que hoy requiere la intervención directa del presidente de la República.