La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, paralizó sus actividades académicas y administrativas. luego de una sesión de seis horas realizada el 24 de febrero en el Auditorio León de Greiff, la Asamblea Triestamentaria decretó un paro general que se extenderá hasta el próximo 20 de marzo. La decisión surge como respuesta directa y contundente al fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó a Ismael Peña en el cargo de rector.
El encuentro, que reunió a estudiantes, profesores y trabajadores de manera presencial y sumó más de 4.000 conexiones virtuales, concluyó con una declaración pública donde la comunidad desconoce formalmente la autoridad de Peña. Según el documento oficial emitido por la asamblea, los estamentos califican el fallo judicial como una decisión de carácter político orientada por sectores de la derecha que “vulnera de forma flagrante la autonomía universitaria”. Bajo este argumento, exigen su renuncia inmediata, señalando que, aunque cuente con legalidad jurídica, carece de toda legitimidad frente a la comunidad académica.
¿Cómo afectará el cese de actividades a la comunidad?
Para asegurar la efectividad de la movilización, los manifestantes emitieron una directriz estricta dirigida al Consejo Superior Universitario (CSU). El comunicado exige la suspensión total de la virtualidad como mecanismo para reemplazar las clases presenciales y rechaza la implementación de trabajo en casa para el personal administrativo, bloqueando así cualquier intento de normalidad académica.
Asimismo, los asambleístas demandan garantías plenas para el ejercicio de la protesta. El documento advierte a las directivas que la comunidad no tolerará medidas de represión o represalias académicas contra quienes participen en las jornadas de manifestación. Durante estas semanas de inactividad en las aulas, el poder de decisión del movimiento recaerá sobre la Mesa Constituyente Universitaria. Este organismo sesionará para redactar nuevos lineamientos orientados a la democratización del gobierno institucional, los cuales deberán ser presentados al CSU una vez finalice el periodo de paro.
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¿Crisis en infraestructura y manejo de recursos?
La coyuntura política sirvió además como escenario para visibilizar graves fallas estructurales dentro de la institución. La declaración denuncia el estado crítico de la facultad de Farmacia, que a la fecha continúa operando sin un edificio propio, y alerta sobre las precarias condiciones en las que funciona la sede en Tumaco. Por esta crisis de infraestructura, la asamblea señala la “responsabilidad política” directa de Ismael Peña y de la exrectora Dolly Montoya.
En materia financiera, la comunidad fue tajante al exigir la liquidación de la corporación Rotorr, argumentando que ninguna empresa privada debe utilizar el nombre de la universidad por el riesgo de presuntamente “desviar y desfalcar recursos públicos”. Finalmente, el espacio triestamentario cerró filas en torno al profesor Francisco Toloza, rechazando los señalamientos emitidos en su contra por el representante estudiantil de la sede, calificando dichas acusaciones como temerarias y de suponer un riesgo para la integridad física del docente.
