Este sábado 21 de febrero, a las 3:30 p. m., el Movimiento Causa Justa realizará un pañuelazo frente a la Corte Constitucional, en Bogotá, para conmemorar los cuatro años de la Sentencia C-055 de 2022, decisión que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación en Colombia. La convocatoria no solo busca recordar el alcance del fallo, sino también hacer un llamado a proteger su implementación en un contexto político y social en el que persisten debates y tensiones alrededor del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La Sentencia C-055 de 2022, resultado de una demanda interpuesta por Causa Justa, marcó un punto de inflexión en el marco normativo colombiano. Más allá de modificar el Código Penal, el fallo estableció que las decisiones reproductivas hacen parte del ámbito protegido por los derechos fundamentales y delimitó el alcance de la intervención del Estado en asuntos que pertenecen a la esfera íntima de las personas. De esta manera, el reconocimiento del derecho al aborto se consolidó como una condición para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Para el movimiento, la autonomía reproductiva no solo es un asunto de salud pública, sino también un elemento que amplía y profundiza la democracia. En un contexto electoral, esta relación adquiere relevancia, pues la democracia no se reduce al voto o al gobierno de las mayorías, sino que implica la garantía efectiva de los derechos humanos, especialmente para quienes han enfrentado exclusión histórica. Reconocer que la maternidad es una opción y no una obligación significa afirmar que la libertad y la igualdad también se ejercen sobre el propio cuerpo.
Cuatro años después del fallo, las organizaciones que impulsaron la demanda presentan un balance de su implementación. Entre los avances destacan el acceso a información veraz y oportuna, así como una mayor autonomía para gestionar la IVE. Según datos de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, tras la sentencia se atendieron 2.532 casos, y solo el 4 % correspondió a procedimientos posteriores a la semana 24, generalmente asociados a múltiples barreras previas. Esto sugiere que la mayoría de mujeres accede de manera temprana al servicio cuando cuenta con información clara.
Movimiento Causa Justa sale a las calles para defender el derecho al aborto y su implementación en Colombia
Las cifras de Oriéntame, organización que presta servicios de IVE desde la Sentencia C-355 de 2006, muestran que más del 99 % de los procedimientos se realizan antes de la semana 22.6 de gestación. Además, el volumen anual de atenciones se ha mantenido estable, cercano a 11.000 casos por periodo, lo que desmiente la idea de un aumento desproporcionado tras la despenalización del aborto.
En algunos territorios, el impacto ha sido más evidente. En el Cauca, por ejemplo, entre 2022 y 2023 los principales hospitales reportaron un aumento del 98,4 % en procedimientos de IVE. Este crecimiento no implica una mayor incidencia de abortos, sino una transición hacia la prestación del servicio dentro del sistema de salud, reduciendo los riesgos asociados a la clandestinidad.
Sin embargo, persisten barreras estructurales, especialmente en zonas rurales, territorios afectados por el conflicto armado y regiones con sistemas de salud débiles. Entre los obstáculos identificados están la negación del servicio, trámites administrativos injustificados, uso indebido de la objeción de conciencia, dificultades de movilidad y control territorial por actores armados. También se advierte la persistencia de maternidades forzadas en niñas y limitaciones en el acceso para mujeres indígenas.
Las organizaciones subrayan la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Sentencia SU-297 de 2025, que ratifica el carácter fundamental del derecho a la IVE y reconoce la autonomía de las comunidades indígenas. Asimismo, reiteran la urgencia de implementar una Política de Derechos Sexuales y Reproductivos con enfoque diferencial y sin discriminación.
En este contexto, el pañuelazo convocado por Causa Justa busca reafirmar la importancia de la veeduría ciudadana. El movimiento también expresó su preocupación frente al Proyecto de Acuerdo 340 aprobado en el Concejo de Bogotá, al considerar que podría imponer requisitos adicionales para la prestación del servicio. Por ello, durante la jornada harán un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para que no sancione la iniciativa y garantice que el acceso a la IVE se mantenga acorde con el marco constitucional vigente.
A cuatro años del fallo, la movilización pretende enviar un mensaje claro: la defensa del derecho al aborto no se agota en su reconocimiento jurídico, sino que exige vigilancia constante, implementación efectiva y compromiso institucional para que la autonomía reproductiva sea una realidad en todos los territorios del país.