El próximo 2 de julio se llevará a cabo el evento Causa Abierta, en el marco de la V Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que se realizará en la ciudad Cartagena del 3 al 4 de julio. Este es un espacio de reflexión y debate, convocado por la Articulación Feminista Marcosur -AFM- para llamar a los Estados al cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo.
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Causa Abierta es un espacio de discusión y deliberación política para visibilizar y denunciar las vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes en la región, con el objetivo de contribuir a la reducción de la impunidad, la reparación de las víctimas y la no repetición de dichas vulneraciones.
Durante el evento se presentará el estudio “Por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina”, elaborado por Ana Cristina González Vélez, doctora en medicina, máster en Investigación Social en Salud y doctora en Bioética, Ética Aplicada y Salud Colectiva. Este documento analiza los casos presentados por organizaciones y redes feministas de la región e incluye un balance de las recomendaciones hechas hasta la fecha.
Causa Abierta denunciará violaciones a los derechos sexuales en evento de Articulación Feminista en Cartagena
El panel de personas expertas en esta ocasión estará integrado por Macarena Sáez Torres, directora ejecutiva de la división de Derecho de las Mujeres en Human Right Watch, y Leonel Briozzo, ex presidente de la primera CRPyD y director de Iniciativas Sanitarias, y se pronunciará sobre los incumplimientos de los Estados a los compromisos internacionales relacionados con el tema, recomendando a su vez, las medidas del Consenso de Montevideo que deberían guiar las acciones de los gobiernos en cada caso. El espacio contará con la presencia de delegados oficiales de Brasil, Guatemala y Honduras.
Resumen de los casos
El caso de Juana, Argentina. Después de varios años de búsqueda de justicia por acceso carnal violento agravado, y luego de que la propia sobreviviente reconociera a los agresores, estos fueron llevados a juicio y la Sala I del Tribunal de Tartagal pronunció su sentencia el 25 de febrero de 2019. Por una parte, fueron condenados a 17 años de prisión los seis adultos acusados y por la otra, fueron señalados como penalmente responsables, dos de los tres menores de edad imputados.
En el caso de Paola Guzmán, Ecuador presentó el 18 de abril de este año su informe correspondiente ante la Corte IDH, el que fue remitido a las organizaciones de la sociedad civil. Allí se aprecia que el Estado presentó ante la corte la política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo como cumplimiento a la medida 11 de la sentencia que se encontraba pendiente. Fue validada en abril de 2024.
En el caso de Celia, las consecuencias de las limitaciones establecidas al aborto por la causal violación siguen vigentes en el Ecuador. No obstante, se han logrado algunos avances vía demandas de inconstitucionalidad o solicitud de medidas cautelares: i) se suspendió la ecografía como requisito de acceso al aborto por violación, ii) se modificó el proceso de objeción de conciencia, iii) se suspendieron requisitos inadecuados para el consentimiento en salud, iv) se suspendieron las normas que obligaban al personal de salud a denunciar por aborto consentido, y v) se suspendieron los artículos que penalizaban al personal de salud por infanticidio, manejo de prematuros extremos con muerte o por manejo de restos.
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En el caso de las 41 niñas que murieron quemadas en Guatemala, siete años después se han tenido 10 audiencias donde se han atendido 23 informes, peritajes, pruebas y testimonios de familiares de las 41 víctimas y de las familias de las 15 sobrevivientes. No obstante, las bancadas mayoritarias del Congreso de la República no han querido hacer un llamado al sistema de justicia para agilizar el caso, y algunos funcionarios han conseguido medidas sustitutivas a la cárcel, beneficiándose del arresto domiciliario. Todo el proceso, como reportan las redes y organizaciones, ha estado marcado por un litigio malicioso, que pospone de manera continua las audiencias.
En el caso de Esperancita en República Dominicana, el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en proceso administrativo para informar a las partes, probablemente este año. Pero a nivel nacional, no se ha avanzado en temas legislativos ni de políticas públicas, y 10 años después de su muerte, no ha habido una respuesta judicial efectiva y el proceso penal en contra de los operadores médicos está paralizado. Todos los demás procesos judiciales iniciados han sido rechazados sin mayor motivo, por lo que la situación no ha sido objeto de investigación, juzgamiento, eventual sanción o reparación a las víctimas.
El caso de la prohibición de la enseñanza con enfoque de género en Paraguay se ha agravado. El Estado no derogó la prohibición de la teoría de género en la educación, sino que en el 2022 el MEC emitió la Resolución N.o 1761/1915, por la que prohibió la guía para docentes de educación permanente, elaborada por la organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Py). El único tipo de educación de la sexualidad permitido en escuelas y colegios públicos, la imparte la ONG “Decisiones”, que con anuencia y apoyo del MEC brinda información sin rigor científico y profundamente discriminatoria.
En el caso de Brasil sobre mortalidad materna durante la pandemia, no se han logrado mayores avances y de hecho el Ministerio de Salud reversó una nota técnica por presión de los grupos conservadores. Como resultado, el Conselho Federal de Medicina emitió la Resolución 2378 del 2024 que genera mayores dificultades para el acceso al aborto legal.
En el caso de la Educación sexual integral en Honduras, no se ha registrado avance alguno. El gobierno se mantiene en silencio después del veto presidencial a la ley de prevención de embarazos en adolescentes, y a la par de ello, los grupos antiderechos toman mayor fuerza, ahora arremetiendo contra la propuesta de Ley Integral contra las violencias hacia las mujeres.
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Sobre la Articulación Feminista Marcosur -AFM-
La (AFM) es una corriente de pensamiento y acción política que tiene como eje central de su estrategia, el desarrollo de un campo político feminista a nivel regional y global. Por ello, muchas de las iniciativas implementadas desde su creación en la primavera del año 2000, se han dirigido a generar e incentivar el debate, mediante diálogos y encuentros con la diversidad de sujetos políticos feministas y sus organizaciones, así como a desarrollar campañas de comunicación social.
