Esta semana la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE) publicó el Mapa de Riesgo Electoral de 2026, elaborado por su Regional Bogotá. El informe ofrece un panorama inquietante sobre el proceso democrático que se desarrollará en la capital.
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Según la MOE, cerca de la tercera parte (el 34 %) de los puestos de votación registra algún nivel de riesgo de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo.
“El riesgo, sin embargo, no está distribuido de manera homogénea. Bogotá es una ciudad donde la mayoría de las personas habilitadas para votar no lo hace. En las elecciones legislativas de 2022, solo el 44 % del censo participó en la elección de Cámara de Representantes (2.819.975 votantes) y el 45,95 % en la elección de Senado (2.742.293 votantes)”, sostuvo la MOE en su pronunciamiento.
En otras palabras, señaló la organización, más de la mitad de las personas habilitadas para votar en Bogotá se abstuvo de ejercer ese derecho.
“Las mayores alertas se concentran en el sur, suroccidente y algunos sectores del centro de la ciudad. Sumapaz presenta una situación extrema: el 100 % de sus puestos de votación está en riesgo. Le siguen Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puestos presentan atipicidades. También superan el 50 % Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero”, señaló la coordinación de la MOE en Bogotá.
La organización añadió que en esas localidades se observa una tendencia preocupante. Hay baja y atípica participación electoral. También una cantidad elevada de votos nulos y señales que no se limitan a una irregularidad aislada.
Aura Rodríguez, coordinadora de la MOE Bogotá y directora de Viva la Ciudadanía, explicó que este mapa está elaborado a partir de variables de comportamiento electoral histórico.
“Lo que encontramos es que esos puestos de votación que están identificados como de riesgo extremo corresponden a las localidades más al sur. Pero especialmente a las localidades como Ciudad Bolívar, Sumapaz y una parte de Bosa. Creemos que tiene que ver con factores de cultura política, falta de información, una mayor apatía sobre la participación electoral que también se da por factores relacionados con las condiciones económicas de las personas en esas localidades”, advirtió Rodríguez en conversación con PUBLIMETRO.
Adicionalmente, sostuvo que en ese sentido las autoridades deben mejorar el acceso a la información electoral de calidad en los territorios donde hay mayores riesgos. También indicó que las atipicidades no se presentan de la misma manera en distintas zonas de la ciudad.
“En Ciudad Bolívar el tema es por baja participación y votación nula. Lo que encontramos en Sumapaz tiene que ver con el dominio electoral. Es decir, un grupo pequeño de partidos son los que tienen mayoritariamente las votaciones de manera permanente. Esto lo que indica es atipicidades: comportamientos que no responden a los promedios de las ciudades. Esto no quiere decir necesariamente que correspondan a delitos electorales, sino más a cómo se comportan los bogotanos y las bogotanas”, agregó Rodríguez.
Preocupación por la violencia política
En su análisis, la MOE documentó hechos de violencia política que incrementan el riesgo para electores, candidatos y candidatas en las próximas elecciones. Además, mencionó el magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.
“El asesinato de Miguel Uribe, candidato a la Presidencia de la República, constituye un hecho de enorme gravedad que pone en evidencia la fragilidad de las garantías para quienes hacen política, incluso en la capital del país”, concluyó la MOE en su boletín de prensa.
Pero ese no fue el único hecho relevante de violencia política registrado antes de estas votaciones. “Han existido actos de violencia en sectores específicos entre miembros de distintas candidaturas. Ha habido amenazas. Directamente, algunos miembros de partidos. (...) Especialmente, amenazas, gritos e insultos frente a las candidaturas y las campañas”, anotó Aura Rodríguez.
En ese contexto, la organización advirtió que la Fuerza Pública debe asumir la seguridad electoral de manera focalizada. El objetivo es proteger a candidatos y votantes, especialmente en los territorios que concentran mayores riesgos.
Una campaña agitada
Uno de los datos que subrayó la MOE tiene que ver con la gran cantidad de candidaturas que se están postulando en Bogotá para las próximas elecciones. Debido a que es la entidad territorial con más población de Colombia, es muy atractiva tanto para los precandidatos presidenciales como para los aspirantes al Senado.
Esto sin contar que, en el caso de la Cámara de Representantes, Bogotá cuenta con 18 curules, un número importante que también hace que los candidatos que buscan llegar a esta corporación estén muy activos en la capital.
“En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país”, advirtió la MOE en su Mapa de Riesgo Electoral.
La preocupación de la MOE no solo está asociada a la falta de experiencia de la mayoría de candidatos y candidatas -238 nunca han sido representantes a la Cámara-, sino también a que sus esquemas de seguridad no son tan robustos como los de otros líderes políticos con más trayectorias. Más aún, por el contexto de violencia política que se vive en Colombia y en la capital.
Ante estos complejos escenarios en los cuales se desarrollará la nueva contienda electoral, la MOE le recomendó a la Registraduría Distrital ponerle la lupa a la capacitación de los jurados, la pedagogía de los votantes y los controles a puestos de votación que históricamente han tenido cifras altas de votos nulos y baja participación.
En cuanto a la Alcaldía de Bogotá, señalaron que es clave que asuma la participación electoral de la ciudadanía como una política pública aplicada a los territorios, sobre todo en aquellas localidades donde se identificaron riesgos elevados.