Bogotá

Vuelve y juega: más de doscientas personas se toman la sede del Ministerio de Minas en el CAN, estas son sus exigencias

Más de 200 trabajadores de los sectores cañero, panelero y palmero bloquearon la sede del Ministerio de Minas y Energía en Bogotá.

Foto más de doscientas personas se toman la sede del Ministerio de Minas en el CAN, estas son sus exigencias.
CUT Foto más de doscientas personas se toman la sede del Ministerio de Minas en el CAN, estas son sus exigencias.

Más de 200 personas pertenecientes a sindicatos del sector cañero, panelero y palmero se tomaron este martes la sede del Ministerio de Minas y Energía, ubicada en el CAN (Centro Administrativo Nacional) de Bogotá, como parte de una protesta para exigir respuestas del Gobierno nacional frente a la crisis del etanol y el biodiésel en el país.

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La movilización fue convocada por integrantes de la CGT, la CTC y la CUT, quienes aseguraron que no permitirán el ingreso de funcionarios hasta que se instale una mesa de diálogo y se garanticen soluciones concretas para la producción nacional de biocombustibles.

Protesta en el CAN: trabajadores del sector cañero advierten posible cierre de ingenios

Según los líderes sindicales, la situación es crítica y podría derivar en el cierre de plantas industriales. “Estamos ad portas de que los ingenios paren sus plantas, ya que en estos momentos no pueden vender el etanol”, afirmó Jhonson Torres, uno de los voceros del movimiento y representante de los trabajadores del sector.


Los manifestantes aseguran que el bloqueo se mantendrá de manera indefinida, incluso durante los próximos días, hasta que el Gobierno se siente a negociar. De acuerdo con los sindicatos, los compromisos pactados previamente con el Ejecutivo no se han cumplido y la falta de garantías amenaza miles de empleos directos e indirectos.

La protesta se desarrolla principalmente en las instalaciones del Ministerio, donde los trabajadores han impedido el ingreso de personal administrativo. “Hoy y mañana nadie entra a trabajar”, señalaron representantes de sindicatos del sector cañero del Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por la caída en la comercialización del etanol.

Desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá se informó que el equipo de Diálogo Social se encuentra acompañando la jornada para evitar confrontaciones y facilitar espacios de conversación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una reunión oficial entre los líderes sindicales y altos funcionarios del Gobierno.

Los sindicatos sostienen que el problema central radica en la falta de políticas claras para proteger la producción nacional de etanol y biodiésel, lo que ha generado un estancamiento en las ventas y un deterioro financiero de los ingenios y plantas procesadoras. Esta situación, afirman, pone en riesgo no solo la estabilidad laboral, sino también la soberanía energética del país.

El sector del etanol y el biodiésel es clave dentro de la transición energética en Colombia, ya que estos combustibles se mezclan con la gasolina y el diésel tradicional para reducir emisiones contaminantes. No obstante, los trabajadores aseguran que las decisiones recientes del Gobierno han favorecido la importación y debilitado la industria local.

“Estamos defendiendo el trabajo de miles de familias. Si los ingenios paran, se afecta toda la cadena productiva: campesinos, transportadores, operarios y comunidades enteras que dependen de este sector”, indicaron los manifestantes.

La toma del Ministerio se suma a otras protestas similares que se han presentado en los últimos meses, lo que evidencia una creciente tensión entre el Gobierno y los sectores productivos ligados a los biocombustibles. Mientras tanto, los líderes sindicales advierten que, de no haber respuestas inmediatas, podrían intensificar las movilizaciones a nivel nacional.

Por ahora, el Ministerio de Minas y Energía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las exigencias de los trabajadores, aunque se espera que en las próximas horas se anuncien posibles mesas de diálogo para intentar destrabar el conflicto. La situación mantiene en alerta al sector energético y al Gobierno, ante el riesgo de un impacto económico y social de mayor escala.

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