La noche del 22 de diciembre de 2025, cerca de la medianoche, se registró un grave hecho de seguridad en Bogotá que puso en riesgo la vida del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, y de su asesor Juan Felipe, luego de que ambos fueran víctimas de un violento asalto armado en el barrio Quinta Mutis, en el occidente de la capital. El episodio encendió las alarmas sobre la protección de altos funcionarios electorales en un momento políticamente sensible para el país.
De acuerdo con la información conocida, los funcionarios regresaban de un evento institucional en Guayabetal de Síquima, en el departamento de Cundinamarca, y se movilizaban en una camioneta Toyota Prado blindada, asignada por razones de seguridad al alto perfil del magistrado y su rol en el sistema electoral colombiano. Sin embargo, el esquema de protección resultó insuficiente ante un ataque que, según los primeros indicios, habría sido premeditado.
Asalto armado a magistrado electoral en Bogotá destapa fallas de seguridad a puertas de las elecciones de 2026
Según el testimonio entregado por Juan Felipe al diario El Tiempo, un grupo de entre ocho y diez hombres armados ejecutó el asalto con precisión. Dos camionetas bloquearon el paso del vehículo oficial, mientras los agresores apuntaban con armas de fuego y lanzaban amenazas directas. “Nos dijeron que si no abríamos las puertas matarían a todos los ocupantes”, relató el asesor, quien describió el momento como uno de máximo terror.
“No puedo describir el miedo que sentí por mi vida y por quienes estaban conmigo”, aseguró Juan Felipe, al recordar que solo pudo rogar para que el ataque no terminara en una tragedia mayor. Gracias a una rápida maniobra del conductor, el magistrado Álvaro Hernán Prada logró evadir el cerco y ponerse a salvo. No obstante, el asesor no tuvo la misma fortuna.
Bajo amenazas de muerte, Juan Felipe se vio obligado a abrir la puerta del vehículo, lo que permitió a los delincuentes perpetrar el robo. El hecho tomó un giro aún más preocupante cuando se confirmó que entre los objetos hurtados se encontraba una unidad de almacenamiento (“tera”) con información reservada del CNE, considerada de alto interés nacional. Este detalle elevó la gravedad del caso, al tratarse no solo de un ataque físico, sino de una potencial amenaza a la seguridad de información estatal sensible.
Las autoridades analizan además un elemento inquietante: el magistrado Prada había denunciado seguimientos previos, incluso mediante drones, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes habrían seguido a los funcionarios durante varias horas desde Cundinamarca antes de ejecutar el asalto.
Tras el incidente, el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado oficial en el que exigió a la Fiscalía General de la Nación una investigación rápida, exhaustiva y prioritaria. El caso ocurre en medio de un ambiente de tensión política de cara a las elecciones de 2026, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre las vulnerabilidades en los esquemas de seguridad de funcionarios clave del sistema democrático colombiano.
Mientras avanzan las indagaciones, el episodio deja en evidencia los riesgos que enfrentan quienes cumplen funciones estratégicas en el país y abre un debate urgente sobre la protección institucional y la seguridad de la información electoral.