Esta semana, el tránsito en la carrera 19 con calle 104, en la localidad de Usaquén, se vio interrumpido por un hallazgo que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y ambientales de la capital. Transeúntes y residentes de la zona reportaron la presencia de más de 100 tubos de ensayo con muestras de sangre y jeringas usadas, dispuestos de manera irregular en el espacio público.
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La situación, que fue confirmada por el Distrito, movilizó un operativo conjunto entre la Secretaría de Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Alcaldía Local de Usaquén y la Policía Metropolitana de Bogotá.
Estos elementos, catalogados como residuos de riesgo biológico, fueron encontrados sin ningún tipo de contención o señalización, lo que representó un peligro inmediato para peatones, animales domésticos y trabajadores de aseo que operan en el sector.
La Secretaría Distrital de Ambiente, liderada por Adriana Soto, calificó el evento como un hecho inaceptable. Tras la denuncia ciudadana, se procedió a la limpieza y desinfección del punto afectado. Sin embargo, el procedimiento de recolección generó cuestionamientos por parte de sectores de la ciudadanía y de la concejala Heidy Sánchez.
Las críticas se centraron en las imágenes difundidas del operativo, donde se observó a personal realizando la limpieza con elementos básicos como escobas y, en algunos casos, manipulación que no parecía seguir los protocolos de bioseguridad requeridos para este tipo de desechos.
Expertos en salud pública reiteran que los residuos hospitalarios requieren un protocolo técnico estricto que garantice la integridad de quienes los manipulan, dado que la exposición accidental a sangre o agujas usadas puede derivar en el contagio de enfermedades infecciosas.
Consecuencias legales y búsqueda de responsables
La investigación para dar con los responsables ya está en curso. Las autoridades informaron que se encuentran realizando el seguimiento a través de las cámaras de seguridad del sector para identificar el vehículo o las personas que abandonaron los insumos médicos.
El Distrito recordó que la ley colombiana es clara: los generadores de residuos peligrosos (clínicas, laboratorios o centros de estética) tienen la obligación legal de contratar operadores especializados para su disposición final.
El incumplimiento de estas normas no solo conlleva sanciones administrativas. Según la normativa vigente, los responsables podrían enfrentar multas ambientales de hasta 100.000 salarios mínimos y penas de prisión entre 69 y 140 meses por poner en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
Como medida complementaria, la Alcaldía de Usaquén inició visitas de inspección a establecimientos de salud y estética cercanos para verificar sus contratos de gestión de residuos. Se busca asegurar que todos los locales cumplan con la ruta de recolección autorizada.
La Secretaría de Gobierno ha hecho un llamado a la ciudadanía para que continúe reportando cualquier irregularidad de este tipo a través de la línea 195, con el fin de evitar que hechos similares se repitan en otros puntos de la ciudad.