La Fiscalía General de la Nación anunció la vinculación de dos exgenerales de la Policía, Leonardo Gallego y Fabio Campos Silva, en el proceso que investiga el secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya. Los hechos ocurrieron el 25 de mayo del año 2000, cuando la comunicadora realizaba un reportaje en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde operaban estructuras de paramilitares privados de la libertad.
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Según el ente acusador, los dos oficiales retirados habrían incurrido en omisiones de sus deberes constitucionales, lo que permitió el accionar de los grupos armados dentro del penal. En ese entonces, Gallego se desempeñaba como director de la Dijín, mientras que Campos Silva ejercía como director del Inpec.
Exfuncionarios del Inpec y exparamilitar también investigados en el caso Bedoya
La Fiscalía también vinculó a dos funcionarios del Inpec, a un exdirector de La Modelo y al exparamilitar Evangelista Basto, integrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Todos ellos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.
El caso de Jineth Bedoya ha sido emblemático en Colombia por la violencia ejercida en su contra y por la ausencia de justicia a lo largo de más de dos décadas. La periodista fue víctima de amenazas desde 1998, sobrevivió a un atentado en 1999 junto a su madre y, posteriormente, sufrió el secuestro, la tortura y la violencia sexual a manos de paramilitares. De acuerdo con la investigación, estos hechos fueron planeados dentro de la cárcel La Modelo, en un contexto de violencia sistemática, hostigamiento y sexismo contra su ejercicio periodístico.
En abril de 2024, la comunicadora expresó su frustración por la falta de resultados judiciales y anunció que desistía de seguir esperando justicia, señalando que el proceso se encaminaba hacia la impunidad. Sin embargo, en octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por las violaciones cometidas contra Bedoya, concluyendo que no se le brindaron medidas efectivas de protección ni garantías judiciales.
Actualmente, Bedoya, editora de género del diario El Tiempo, mantiene firme su posición de que el sistema de justicia colombiano no actuó con diligencia ni tuvo la capacidad de esclarecer plenamente los hechos. La reciente decisión de la Fiscalía representa un paso clave para determinar las posibles responsabilidades de agentes del Estado en este crimen que marcó la historia del periodismo colombiano.