Un nuevo caso de intolerancia se registró en el sistema de transporte TransMilenio el pasado 17 de agosto, cuando un hombre que intentó colarse en la estación Ricaurte, ubicada en la carrera 30 con calle 11 de Bogotá, terminó agrediendo físicamente a un uniformado de la Policía Nacional que le impidió ingresar de manera irregular.
El hecho, que fue grabado por ciudadanos que se encontraban en el lugar, muestra el momento en que el individuo forcejea con el policía y lo muerde en varias ocasiones mientras los usuarios observan sorprendidos la escena. Una uniformada trató de intervenir para reducir al agresor, pero la situación se tornó cada vez más violenta hasta que un patrullero llegó en apoyo y logró colocarle las esposas al hombre, quien posteriormente fue dejado a disposición de las autoridades competentes.
Hombre que intentó colarse en TransMilenio agredió a un policía en estación Ricaurte
La teniente coronel Maryam Moreno, comandante de la Policía de Transporte Masivo de TransMilenio, entregó detalles sobre lo sucedido: “Una persona ingresó de manera irregular a la estación y fue requerida por el uniformado que se encontraba de servicio. Sin embargo, el ciudadano reaccionó de manera violenta, no permitiendo la identificación ni el registro”. Según la oficial, el agresor “golpeó en varias ocasiones al policía que intentaba cumplir con su deber, por lo que fue capturado y presentado ante la justicia por el delito de violencia contra servidor público”.
La oficial recordó además que la Policía Nacional, a través del grupo Transporte Masivo, desarrolla actividades de seguridad y convivencia ciudadana dentro del sistema, e hizo un llamado a los usuarios a respetar las normas: “Invitamos a la ciudadanía a contribuir con estas acciones que buscan garantizar un viaje tranquilo y seguro”.
El caso no solo generó rechazo entre los pasajeros, sino que también abrió nuevamente el debate sobre las sanciones que enfrentan quienes agreden a miembros de la fuerza pública. En Colombia, el Código Penal establece en su artículo 429 que quien ejerza violencia contra un servidor público puede enfrentar una pena de cuatro a ocho años de prisión. Estas sanciones aplican tanto para ataques físicos como para amenazas que pretendan coaccionar al funcionario.
A esto se suman las medidas del Código Nacional de Policía y Convivencia, que prevé multas tipo 4, equivalentes a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, y la obligación de participar en actividades pedagógicas.
De esta manera, las autoridades recordaron que la ley protege a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y que cualquier acto de violencia contra ellos constituye una violación grave del orden jurídico.