El menor de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay aceptó los cargos que le imputó formalmente la Fiscalía General de la Nación este lunes. El joven fue señalado por los delitos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio agravado, tras el ataque ocurrido el pasado 7 de junio durante un evento político en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.
Para leer: Oraciones y esperanza: Miguel Uribe enfrentará otro procedimiento médico
Desde el atentado, Uribe ha permanecido hospitalizado en la Fundación Santa Fe, donde sigue un delicado proceso de recuperación. Su esposa, María Claudia Tarazona, ha mantenido informada a la opinión pública a través de sus redes sociales. El pasado 2 de agosto, anunció que el senador sería sometido a un nuevo procedimiento médico. “Para avanzar en su recuperación, Miguel entra a un nuevo procedimiento. Pido a todos que nos unamos en oración para que Dios y la Virgen María guíen a sus médicos y todo salga bien”, escribió en una historia de Instagram, junto a una imagen de su esposo.
Caso Miguel Uribe: confiesa el autor del ataque y acepta cargos
Horas después, Tarazona comunicó que la cirugía fue reprogramada para el domingo 3 de agosto, y agradeció los mensajes de solidaridad: “Gracias por estar pendientes y por sus oraciones”.
Sin embargo, el proceso judicial ha enfrentado nuevos obstáculos. La Procuraduría General de la Nación reportó la evasión de un menor de 17 años, quien sería clave en la investigación por haber participado en las reuniones de planificación del atentado. El adolescente se encontraba bajo custodia en un Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero logró fugarse del lugar.
Este nuevo giro en el caso ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, ya que el testimonio del joven podría ser determinante para identificar a otros posibles responsables intelectuales del ataque. Las autoridades continúan la búsqueda del menor y han reforzado las medidas de seguridad en torno al caso, que ha despertado un amplio debate sobre el reclutamiento de menores por estructuras criminales en contextos políticos.
Mientras tanto, familiares, simpatizantes y colegas del senador Uribe siguen atentos a su evolución médica y exigen que se haga justicia.