En medio de la creciente polémica nacional por el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aclaró que los responsables del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe no podrán acceder a los beneficios contemplados en esta iniciativa.
En diálogo con Recap Blu, el funcionario fue enfático al señalar que quienes participaron en este intento de homicidio “jamás” podrían hacer parte de los mecanismos de justicia transicional. Según las autoridades, el ataque habría sido ordenado por alias ‘Zarco Aldinever’, disidente de la Segunda Marquetalia, por lo que quedaría automáticamente excluido del proceso.
Gobierno cierra la puerta del sometimiento a implicados en ataque a senador Uribe
“Las personas vinculadas al atentado contra el senador Miguel Uribe no pueden ni podrán entrar a este marco de justicia transicional o de sometimiento. La llave para ingresar a estos procesos la tiene el Gobierno, y solo se abre para quienes demuestren voluntad de paz. En este caso, eso no ocurre”, afirmó Montealegre.
Otro punto clave en el debate es el posible sometimiento del Clan del Golfo, organización ilegal que se financia principalmente de la minería ilegal. Sobre este aspecto, Montealegre subrayó que cualquier grupo que quiera acogerse a la ley deberá cesar todas sus actividades delictivas, y el compromiso debe ser colectivo.
“Los acuerdos no son individuales. Si la organización quiere entrar al proceso, debe comprometerse a su desmantelamiento total. Eso implica dejar la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Ese es un punto fundamental para que el modelo funcione”, enfatizó el ministro.
Montealegre reconoció que la propuesta es ambiciosa y que debe ir acompañada de medidas concretas que permitan una verdadera transición de economías ilícitas a economías lícitas en los territorios donde operan estos grupos criminales.
Finalmente, el jefe de la cartera de Justicia explicó que este modelo no es una invención local, sino que se basa en la justicia premial utilizada en Estados Unidos, donde se premia la colaboración eficaz de los criminales a cambio de beneficios judiciales. “No nos estamos inventando nada. Este modelo ya existe y ha demostrado que es mejor una justicia negociada que una guerra sin fin”, concluyó Montealegre.