Una nueva jornada de protestas se vivió este martes 8 de julio en Bogotá, especialmente en el occidente de la ciudad. Habitantes del barrio Montevideo y del sector Salitre volvieron a manifestarse en rechazo a la eventual reubicación de familias indígenas emberá en la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC). Los ciudadanos alegan preocupaciones por seguridad, salud pública, movilidad y falta de consulta.
Con pancartas y bloqueos simbólicos, los vecinos reiteraron su inconformidad y pidieron al Distrito suspender cualquier traslado hasta que se realice un diálogo previo y se garantice participación comunitaria.
Distrito responde: “No se ha decidido nada aún”
Frente al malestar ciudadano, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró en entrevista con RCN Radio que la Alcaldía no ha definido de manera oficial el traslado. Indicó que, tras estudiar más de 600 predios, el del IDPAC fue identificado como el más viable, pero aún se requiere una nueva sede para esa entidad, adecuaciones técnicas y concertación con las comunidades.
“Vamos a sentarnos con las comunidades vecinas, con organizaciones sociales y con los actores involucrados para resolver inquietudes y construir soluciones conjuntas”, afirmó Quintero. Añadió que se mantendrá el diálogo abierto con los habitantes, así como con la comunidad emberá.
¿Por qué se busca reubicar a la comunidad emberá?
La medida busca trasladar a decenas de familias indígenas emberá que permanecen en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja y que anteriormente se ubicaban en el Parque Nacional, en el centro de Bogotá. La administración local ha señalado que es urgente brindar condiciones más dignas, mientras se promueve el retorno voluntario a sus territorios ancestrales.
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El secretario también hizo un llamado al Gobierno nacional para avanzar en esa solución definitiva: “El retorno es una alternativa que muchas familias emberá desean y es el Gobierno quien debe liderarlo”, indicó.
La Alcaldía de Bogotá aseguró que en las próximas semanas se intensificarán los espacios de participación con los habitantes de los barrios Montevideo y Salitre, para analizar los impactos del traslado. También se buscará una nueva sede para el IDPAC antes de cualquier movimiento.
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Por ahora, las protestas continúan, y los vecinos insisten en que no fueron consultados antes de la decisión. El Distrito mantiene su postura de diálogo, mientras las tensiones crecen en esta zona del occidente de Bogotá.

