En la madrugada del 19 de mayo de 2025, cerca de 300 personas pertenecientes a la comunidad indígena Emberá se trasladaron desde la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja hacia el Parque Nacional, ubicado en el centro de Bogotá. Esta acción marca una nueva etapa en un conflicto social y humanitario que lleva años sin una solución definitiva.
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Desde 2018, el Parque Nacional se ha convertido en un punto de refugio y visibilidad para esta comunidad, desplazada por la violencia, el conflicto armado y la inseguridad en departamentos como Chocó y Risaralda. Aunque el Distrito había logrado acuerdos para despejar el parque a finales de 2024, la falta de cumplimiento de compromisos y las precarias condiciones en los albergues temporales han llevado a una nueva ocupación.
Situación actual: un campamento con 300 personas, incluyendo niños
Según el reporte oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno, la llegada de los Emberá ocurrió a las 4:00 a. m., y actualmente se registra un aforo de aproximadamente 300 personas en el lugar, incluyendo menores de edad. Las autoridades han insistido en la apertura de espacios de diálogo, pero el ambiente es tenso.
“Se cuenta con un aforo aproximado de 300 personas. Los equipos de la Administración Distrital hacen presencia en el punto, abriendo espacios de diálogo para recordar que no está permitido el asentamiento en el lugar. Sin embargo, la comunidad reacciona de forma reacia a la información”, detalló la Secretaría de Gobierno.
La preocupación es aún mayor si se considera la presencia de cerca de 150 niñas y niños en el asentamiento. Así lo expresó Roberto Angulo, secretario Distrital de Integración Social:
“No vamos a tolerar violaciones a los derechos de niños y niñas y estamos dispuestos a activar todas las rutas que sean necesarias”.
Albergues temporales: una solución que se volvió permanente
Los albergues UPI La Rioja y UPI La Florida fueron creados en 2018 como una respuesta provisional para atender a los desplazados indígenas. Se plantearon inicialmente como una solución de tres meses. Hoy, casi siete años después, muchas de esas familias aún residen allí.
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“Un alojamiento colectivo de carácter permanente no es viable para el Distrito, quienes deciden quedarse en la ciudad podrán hacerlo accediendo a los servicios sociales que ofrece la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero la mayoría de las personas quiere regresar al territorio o reubicarse”, afirmó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.
El funcionario también dejó claro que, mientras no se avance en un proceso conjunto, que involucre de forma efectiva al Gobierno Nacional, las dinámicas de ocupación no cesarán:
“Hasta tanto no se dé un proceso digno y amplio en el que las partes cumplan los acuerdos, estas dinámicas de ocupación de parques y sedes de entidades públicas no pararán”.
Obstáculos para el retorno: violencia, abandono institucional y promesas incumplidas
Las razones que impiden el retorno de los Emberá a sus territorios son múltiples. La presencia de grupos armados ilegales, las condiciones de inseguridad, y el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades han convertido el regreso en una promesa lejana.
El mayor Emberá Miguel Ángel Sintú lo resumió con claridad en declaraciones del año pasado: “los acuerdos se han quedado únicamente en palabras”.
Recientemente, se registró otro intento de ocupación similar. El pasado 7 de mayo, 70 personas de la comunidad Emberá se trasladaron desde la UPI La Florida hacia el Parque Nacional por las difíciles condiciones de vida en el albergue, incluyendo la falta de acceso a agua potable durante largos periodos.
Frente a este nuevo episodio, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se insiste en la necesidad de una respuesta articulada y definitiva desde el Gobierno Nacional. Miguel Silva, secretario General del Distrito, recordó que el uso del espacio público para asentamientos improvisados vulnera los derechos fundamentales, especialmente de los menores.
Además, Silva pidió cumplir el fallo judicial de octubre de 2023 que ordena la reubicación inmediata de estas personas.
“Pero también, hasta que el país no se dé la discusión de qué hacer y cómo abordar el fenómeno migrante de la comunidad Embera tendremos este tipo de situaciones de manera recurrente”, reiteró Quintero.
La administración distrital concluyó con un llamado a la corresponsabilidad, apelando al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que establece que la familia, la sociedad y el Estado deben proteger de manera integral a niñas, niños y adolescentes.
