En una decisión definitiva, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra Sergio Andrés Pastor González, alias ‘19’, considerado uno de los principales articuladores de la Primera Línea del Portal Américas, durante el estallido social del paro nacional de 2021. La sentencia también cobija a otros tres miembros de esa estructura urbana ilegal, responsables de acciones violentas y graves violaciones a los derechos humanos.
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El alto tribunal mantuvo la responsabilidad penal del acusado por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir, pero ajustó la pena a 12 años y 9 meses de prisión, junto a una inhabilidad de 153 meses para ejercer cargos públicos y el pago de una multa superior a 1.549 salarios mínimos legales vigentes.
Una condena con múltiples agravantes
De acuerdo con el fallo, alias ‘19’ lideraba una organización de carácter urbano, que operaba desde un campamento improvisado en inmediaciones del Portal Américas. Allí planeaban ataques contra la Fuerza Pública, infraestructura estatal y civiles, usando tácticas organizadas con estilo militar.
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El hecho más grave documentado por la justicia ocurrió el 4 de junio de 2021, cuando la Primera Línea retuvo ilegalmente a un ciudadano, a quien acusaron falsamente de ser un infiltrado policial. La víctima fue golpeada, atada a un árbol, cubierta de pintura y amenazada con ser quemada viva. Permaneció en ese estado por más de dos horas hasta que otros manifestantes intervinieron para detener el acto.
Disturbios dirigidos desde prisión
Alias ‘19’ no cesó su actividad tras su captura en julio de 2021. Desde la cárcel La Picota de Bogotá, organizaba nuevos focos de violencia mediante transmisiones en vivo, en las que daba instrucciones a sus seguidores. Uno de los disturbios más recordados, ocurrido en enero de 2022 en el sector de Molinos, fue coordinado desde su celda.
Este comportamiento fue considerado un agravante clave dentro del proceso judicial, ya que evidenció su poder de convocatoria y control incluso tras perder la libertad.
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Pastor González, señalado por las autoridades como un individuo de alta peligrosidad, fue sargento del Ejército Nacional, experiencia que habría utilizado para formar y dirigir células de choque con estructuras tácticas. Además, cuenta con antecedentes judiciales por hurto, lesiones personales y microtráfico.
Con esta decisión, la justicia colombiana sienta un precedente sobre el tratamiento penal a cabecillas de movimientos que cruzan la delgada línea entre protesta y criminalidad organizada.