El sur de Bogotá vive una profunda conmoción. En el colegio San Cayetano, ubicado en el barrio Juan Rey, localidad de Usme, se destapó una grave denuncia por presunto abuso sexual contra cinco niñas de primaria, lo que ha encendido la indignación de estudiantes, padres y vecinos. Las acusaciones apuntan a un docente que, según testimonios, habría cometido actos indebidos con menores de edad, incluso amenazándolas para que no contaran lo ocurrido. Más alarmante aún: las madres señalan que la rectora conocía las denuncias desde hace tiempo y no hizo nada.
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Las protestas comenzaron como un plantón pacífico convocado por padres de familia, pero se salieron de control cuando estudiantes —en medio del pánico y la furia por los rumores de que el profesor acusado aún estaba dentro del colegio— destruyeron puertas, vidrios y equipos. “Mi hija está en cuarto, y desde hace meses me decía que ese profesor la tocaba y le decía cosas horribles”, contó una madre visiblemente afectada. “La rectora sabía todo y lo dejó seguir dando clase. Nos fallaron todos: el colegio, el sistema, la protección que deberíamos tener”.
Más niñas y exalumnas denuncian al mismo docente
Con el estallido de las primeras denuncias, comenzaron a surgir más testimonios. Exalumnas aseguraron que también fueron víctimas del mismo maestro años atrás, y madres de niñas desde primero hasta noveno grado han relatado episodios de acoso y comportamiento inadecuado. “Desde el año pasado ya se habían puesto quejas por gritos, insultos y formas violentas de tratar a los niños. No es nuevo. Pero lo más grave es que ayer mismo ese profesor volvió al colegio como si nada. Por eso estalló todo”, explicó otro acudiente.
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De acuerdo con varias madres, el maestro no solo agredía verbalmente a los estudiantes, sino que también condicionaba su promoción escolar y las amenazaba para que guardaran silencio. La comunidad exige su captura inmediata y una investigación exhaustiva a toda la directiva de la institución. La situación ha generado un estado de alerta en la zona, y algunos padres han decidido no enviar a sus hijos a clases hasta que el docente sea apartado formalmente y se garanticen condiciones de seguridad.
Autoridades responden pero comunidad exige más que comunicados
La Secretaría de Educación del Distrito emitió un comunicado en el que rechazó cualquier acto que atente contra la integridad de los menores, pero también llamó la atención sobre los daños materiales causados durante las manifestaciones. “Más de 800 estudiantes estuvieron en riesgo por los actos vandálicos”, expresó la entidad, que además aclaró que ya se adelantan investigaciones conjuntas con la Personería, el ICBF y otras instituciones del Distrito.
Sin embargo, para los padres de familia, las respuestas institucionales no son suficientes. “No queremos más comunicados ni reuniones. Queremos acciones. Queremos justicia. No vamos a permitir que se encubra esto como ha pasado en otros colegios”, declaró una madre líder de la movilización. Las familias han anunciado nuevas manifestaciones pacíficas en los próximos días y exigen que se garantice la integridad de sus hijos mientras las autoridades avanzan con la recolección de pruebas y testimonios.