El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adoptó una decisión contundente frente al escandaloso caso de presunto abuso sexual cometido contra varios niños y niñas en un jardín infantil del sur de Bogotá. El hecho ha causado conmoción en la comunidad, especialmente en la localidad de San Cristóbal, donde se ubica el Jardín Canadá, sede F, lugar en el que trabajaba Freddy Arley Castellanos Velasco, presunto responsable de los abusos.
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Tras conocerse los graves señalamientos, el ICBF informó que canceló el contrato con la Asociación Parque Canadá, operador del jardín infantil donde se habrían producido los hechos. Adicionalmente, la entidad terminó todos los contratos vigentes con dicho operador a nivel nacional y lo inhabilitó para contratar con el Estado por cinco años.
Esta medida se toma como respuesta a las denuncias recibidas y al proceso judicial en curso que enfrenta Castellanos, a quien la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Actualmente, el procesado se encuentra privado de la libertad en una cárcel.
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Testimonios que estremecen
El caso cobró mayor notoriedad luego de que varias madres decidieran hablar públicamente sobre lo ocurrido. En el videopódcast Más allá del silencio, mujeres como Margie Espinel y Paula Narváez compartieron los testimonios de sus hijos, quienes relataron con inocencia los abusos sufridos por parte del docente.
“La chiquita ahora está mal. No duerme, no come, está bajando de peso. Se despierta asustada”, expresó Margie Espinel al contar cómo su hija narró los abusos que, presuntamente, ocurrieron en un baño del jardín infantil.
Por su parte, Paula Narváez relató cómo su hijo confesó que el “profesor Freddy” le había tocado de forma inapropiada, situación que fue acompañada posteriormente por síntomas físicos y emocionales alarmantes.
Investigación y exigencias de justicia
El proceso judicial continúa y se espera que avancen las audiencias respectivas. Mientras tanto, las familias de los menores afectados insisten en que no solo se investigue a Castellanos, sino también a las instituciones que habrían omitido controles o ignorado señales previas.
El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de protección en los entornos escolares, así como sobre la responsabilidad de los operadores contratistas del ICBF. Las madres afectadas han exigido no solo justicia penal, sino también un acompañamiento psicológico, legal y social para los menores sobrevivientes.
Contexto más amplio
Este hecho se suma a una creciente preocupación nacional por los casos de violencia sexual contra menores de edad en instituciones educativas y de cuidado. Organizaciones defensoras de derechos de la infancia han reiterado la necesidad de fortalecer la vigilancia a contratistas, aplicar protocolos estrictos de prevención y garantizar entornos seguros para la niñez.
El ICBF, por su parte, ha señalado que continuará acompañando a las familias afectadas y revisando las condiciones de operación de sus jardines infantiles para evitar que se repitan tragedias como esta.