El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) denunció ante la Fiscalía General de la Nación una serie de agresiones físicas y verbales que sufrieron varios de sus funcionarios, así como agentes de la Policía, durante un operativo realizado el sábado 10 de mayo en establecimientos comerciales de venta de animales en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.
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El operativo, que tenía como objetivo rescatar animales en condiciones críticas, terminó abruptamente luego de que algunos ciudadanos arremetieran contra los servidores públicos. Durante el procedimiento, fueron decomisados 11 animales domésticos que, según las autoridades, se encontraban en malas condiciones de salud.
El director del IDPYBA, Antonio Hernández, indicó que la denuncia fue interpuesta por los delitos de violencia contra servidor público agravado y obstrucción a la función pública. “Tenemos videos y pruebas que entregaremos para que se identifiquen e individualicen a las personas que cometieron estas agresiones”, aseguró Hernández.
El Distrito solicitó a la Fiscalía adelantar una investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Además, insistió en que se debe garantizar la seguridad de los funcionarios y el cumplimiento de los deberes del Estado en materia de protección y bienestar animal.
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¿Qué penas existen en Colombia por agredir a un funcionario público?
Según el Código Penal Colombiano, las agresiones físicas o verbales contra servidores públicos se consideran delitos graves:
- Violencia contra servidor público (Art. 429):Este delito ocurre cuando una persona agrede física o moralmente a un funcionario público para impedirle ejercer sus funciones.
- Pena: prisión de 4 a 8 años.
- Si la agresión se considera agravada (por lesiones, uso de armas o daño a varios funcionarios), la pena puede aumentar hasta 12 años.
- Obstrucción a la función pública (Art. 428):Se configura cuando alguien impide por medios ilegales que un funcionario realice su trabajo.
- Pena: prisión de 2 a 5 años.
Además, si se comprueba que hubo lesiones personales, se pueden sumar cargos adicionales, dependiendo de la gravedad (Art. 111 al 119 del Código Penal).
Contexto del operativo
El operativo en Teusaquillo fue parte de una estrategia para verificar las condiciones de comercialización y bienestar animal en locales que venden mascotas. La intervención tuvo que ser suspendida debido al nivel de violencia ejercido por algunos presentes.
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Los 11 animales decomisados fueron trasladados a centros veterinarios del Distrito, donde reciben atención médica. Las autoridades reiteraron su compromiso con la vigilancia del comercio legal de animales y advirtieron que estos operativos continuarán.