A pocos días de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el departamento del Atlántico, especialmente Barranquilla y Soledad, enfrenta un clima de creciente preocupación por presuntas irregularidades que podrían afectar el normal desarrollo del proceso democrático. Denuncias por compra de votos, presiones a contratistas, extorsiones y posible incidencia de estructuras criminales han encendido las alertas de organizaciones de vigilancia electoral y organismos de control.
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La Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó que ha recibido múltiples reportes ciudadanos sobre presuntas prácticas de corrupción electoral en el Atlántico, entre ellas la compra de votos y presiones a funcionarios y contratistas para favorecer determinadas candidaturas.
MOE advierte irregularidades electorales en Barranquilla y Soledad: denuncian compra de votos y amenazas
Según explicó Alejandra Barrios, directora de la organización, las denuncias han llegado a través de los canales habilitados por la MOE, como la plataforma Pilas con el Voto y el número de WhatsApp 315-266-1969, utilizados para reportar irregularidades en el proceso electoral.
“Ciudadanos nos informan sobre compra de votos, también sobre contratistas a los que les están obligando a votar por determinados candidatos o a llenar planchas para favorecer candidaturas específicas”, señaló Barrios.
De acuerdo con los reportes recibidos, algunos contratistas estarían siendo amenazados con la no renovación de sus contratos si no respaldan electoralmente a determinados aspirantes o si no ayudan a movilizar votantes a favor de campañas políticas.
La directora de la MOE también alertó sobre la circulación de desinformación electoral en redes sociales, una práctica que, según explicó, puede generar confusión entre los votantes en medio del proceso previo a las elecciones.
Caso del escolta con dinero y propaganda política
Uno de los episodios que generó mayor controversia fue la captura del escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, a quien las autoridades le encontraron 145 millones de pesos en efectivo junto con material de propaganda política.
Para la directora de la MOE, el caso resulta especialmente delicado debido a la trayectoria institucional del funcionario.
“No estamos hablando de una persona que no conozca la legislación electoral. Fue magistrado del Consejo Nacional Electoral en el periodo anterior”, indicó Barrios.
La organización hizo un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo los hechos, así como a los funcionarios públicos y campañas políticas para que respeten las normas electorales vigentes durante el proceso democrático.
Investigación sobre presunto amarre de votos
Las denuncias sobre irregularidades electorales también fueron expuestas en un reportaje de La Contratopedia Caribe, que reveló la existencia de un presunto sistema de “amarre de votos” que estaría operando desde diversas dependencias públicas en Barranquilla.
Según la investigación periodística, el esquema buscaría garantizar cerca de 400.000 votos para asegurar curules en la Cámara de Representantes por el Atlántico y en el Senado de la República.
El reporte señala que algunos contratistas y funcionarios públicos tendrían asignados listados de votantes, con la tarea de asegurar el respaldo electoral de al menos 30 personas cada uno, aunque en algunos casos las listas podrían alcanzar hasta 100 votantes por responsable.
El mecanismo incluiría llamadas telefónicas a los ciudadanos registrados para confirmar si conocen el número de los candidatos y si tienen previsto asistir a las urnas.
Incluso, la investigación sostiene que el proceso contaría con seguimiento mediante un software especializado, donde se cargarían los nombres de los votantes con el fin de monitorear la efectividad de cada lista y verificar el cumplimiento de metas electorales.
De acuerdo con los testimonios recopilados, si una persona no responde las llamadas o no recuerda el número del candidato, sería retirada del listado, mientras que las comunicaciones serían supervisadas por superiores jerárquicos.
Entre las entidades que presuntamente estarían relacionadas con este esquema aparecen dependencias del Distrito bajo la administración del clan Char como Espacio Público, Jurídica, Desarrollo Económico y Catastro, además de entidades descentralizadas como Transmetro y Edubar.
Sin embargo, la Alcaldía de Barranquilla negó tener conocimiento de estas prácticas. A través de la Secretaría de Comunicaciones, el Distrito aseguró que los funcionarios se encuentran concentrados en la ejecución del plan de desarrollo y que desconocen las situaciones denunciadas.
Extorsiones frenan la propaganda política en Soledad
En el municipio de Soledad, segundo más poblado del Atlántico, con más de 600 mil habitantes y con 13 zonas electorales, 49 puestos de votación y 1.019 mesas, el panorama electoral también genera preocupación. Líderes comunitarios consultados por PUBLIMETRO denunciaron que bandas criminales estarían cobrando extorsiones a quienes deseen exhibir propaganda política en sus viviendas o vehículos.
Según testimonios recogidos en la zona, los ciudadanos deben pagar dinero para colocar pendones, afiches o publicidad electoral, lo que explicaría la notable disminución de propaganda política visible en las calles, un fenómeno que contrasta con elecciones anteriores.
La situación estaría relacionada con la presencia de estructuras criminales como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, grupos que mantienen disputas por el control territorial en sectores del área metropolitana de Barranquilla.
El peso de los clanes políticos
El escenario electoral también está marcado por la influencia de estructuras políticas tradicionales en la región.
Uno de los nombres mencionados en el contexto político del Atlántico es el de Eduardo Pulgar, exsenador condenado en 2021 por intentar sobornar a un juez con 200 millones de pesos para favorecer a un aliado político.
Aunque cumple condena, analistas señalan que su estructura política sigue activa, especialmente en el municipio de Soledad, donde se mantiene como un actor con influencia en el panorama electoral.
Actualmente, su hija Isabella Pulgar es diputada del Atlántico, mientras que la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, es considerada cercana a su sector político.
De cara a las elecciones de 2026, el clan busca impulsar candidaturas como la de Yesid Pulgar al Senado, hermano de Eduardo Pulgar y la de Winsner Sandoval a la Cámara de Representantes, hermano de la actual alcaldesa lo que refuerza el peso de las maquinarias políticas en el departamento.
Riesgo extremo de violencia electoral
Las advertencias sobre el proceso electoral no provienen únicamente de denuncias ciudadanas. La Misión de Observación Electoral clasificó recientemente a Barranquilla como una ciudad en “riesgo extremo de violencia electoral”.
La alerta fue presentada durante la divulgación del mapa de riesgo electoral del Atlántico, donde se identificaron factores que podrían afectar la seguridad del proceso democrático.
Entre ellos se destacan la presencia de grupos armados ilegales, el incremento de la extorsión y la disputa territorial entre estructuras criminales.
Según explicó Jessyka Manotas, gerente de proyectos de la MOE, la clasificación responde a la confluencia de diversos actores armados y organizaciones criminales en el área metropolitana.
Además de Barranquilla, municipios como Soledad y Repelón aparecen clasificados en riesgo medio, mientras que otras localidades del departamento presentan diferentes niveles de vulnerabilidad electoral.
En total, el 61 % del territorio del Atlántico registra algún nivel de riesgo electoral, lo que obliga a reforzar los mecanismos de vigilancia institucional.
Presencia de grupos criminales y presión electoral
En la región operan estructuras como ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y el ‘Clan del Golfo’, organizaciones que según expertos podrían influir en el ambiente electoral mediante intimidaciones, control territorial o presión sobre campañas políticas.
El académico Luis Fernando Trejos explicó que estos grupos podrían ver las elecciones como una oportunidad para monetizar su control territorial.
Entre los posibles escenarios planteados por el analista se encuentran:
- Exigir pagos a campañas políticas para permitir actividades de proselitismo en barrios bajo su control.
- Ofrecer paquetes de votos a candidatos interesados en comprar respaldo electoral.
- Intercambiar apoyo político por favores, como impunidad o beneficios dentro de estructuras clientelistas.
Llamado a fortalecer garantías electorales
Ante este panorama, la MOE recomendó fortalecer la articulación institucional a través de las comisiones de seguimiento electoral, espacios en los que participan partidos políticos, autoridades locales, la Fuerza Pública y organismos de control.
Estos escenarios permiten evaluar riesgos, analizar denuncias y adoptar medidas preventivas antes de la jornada electoral.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo también pidió adoptar acciones urgentes para garantizar elecciones libres y seguras en todo el departamento del Atlántico.
Las advertencias dejan en evidencia que el proceso electoral de 2026 se desarrollará en un contexto complejo, marcado por denuncias de corrupción electoral, presiones políticas y presencia de estructuras criminales, factores que representan un desafío para la transparencia y la legitimidad de los comicios.