Barranquilla

El 60 % de los municipios del Atlántico enfrenta riesgo electoral, según informe de la MOE

Un reciente informe de la Misión de Observación Electoral revela que más de la mitad de los municipios del Atlántico enfrenta riesgos graves para las elecciones de 2026.

Jairo Cassiani

El panorama para las próximas elecciones de Congreso y Presidencia en 2026 en el departamento del Atlántico es motivo de preocupación. Así lo advirtió la Misión de Observación Electoral (MOE), que en su más reciente informe alertó que el 60 % de los municipios del departamento presenta algún nivel de riesgo electoral, asociado tanto a factores de violencia como a posibles irregularidades en los procesos de votación.

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De acuerdo con la MOE, los riesgos identificados a nivel nacional incluyen desde fraude electoral hasta presencia de grupos armados ilegales, intimidación a líderes políticos y sociales, y variaciones atípicas en la participación ciudadana. En el caso específico del Atlántico, tres territorios fueron señalados con especial atención por factores de violencia electoral: Barranquilla, Soledad y Repelón.

Barranquilla, en riesgo extremo: informe de la MOE prende alarmas por violencia y fraude electoral en el Atlántico

Entre estos, Barranquilla aparece como el municipio con riesgo extremo, debido a la presencia de estructuras armadas como el ELN y el Clan del Golfo, además de enfrentamientos entre bandas criminales como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. Según la MOE, el Distrito es el único territorio del departamento con presencia confirmada del ELN, mientras que el Clan del Golfo también opera en municipios como Polonuevo, Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga y Tubará, siendo uno de los principales actores del narcotráfico en la región.


El informe también identifica un riesgo medio por intensidad del conflicto con actores no identificados en Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Palmar de Varela y Soledad, lo que refleja un escenario complejo de inseguridad que podría afectar la libertad del voto.

Además de los riesgos armados, la MOE recordó que en el Atlántico se han registrado dos amenazas y un atentado contra líderes políticos, así como dos asesinatos de líderes sociales y uno de un líder comunal, hechos que incrementan las alertas sobre el clima electoral.

Uno de los focos principales del informe está en los municipios de Tubará y Piojó, que presentan riesgo extremo por fraude electoral, al registrar niveles atípicos de participación y una marcada influencia de partidos políticos locales. “El foco de mayor observación recae sobre Tubará y Piojó, territorios que presentan riesgo extremo al haber registrado niveles inusuales de votación”, señala la MOE.

En cuanto a la clasificación por participación electoral para las elecciones legislativas de 2026, de los 23 municipios del Atlántico, dos tienen riesgo extremo (Usiacurí y Tubará) y nueve riesgo alto: Baranoa, Candelaria, Juan de Acosta, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Sabanagrande y Santo Tomás.

El caso de Usiacurí resulta particularmente llamativo. La MOE recordó que este municipio ha superado históricamente el 80 % de participación, como ocurrió en 2018 y 2022. Según la misión, esto se debe a la influencia de grupos políticos locales, que ejercen un fuerte control social sobre una población reducida de alrededor de 8.000 habitantes, facilitando la movilización casa por casa de los votantes.

En Tubará, por su parte, existen denuncias sobre entrega de dinero y materiales para incentivar la votación, lo que refuerza las sospechas de prácticas clientelistas.

Otros municipios como Barranquilla, Campo de la Cruz, Repelón y Puerto Colombia también presentan riesgo por variaciones atípicas en la participación electoral, lo que sugiere movilización irregular de votantes, desconfianza institucional o estrategias que alteran el comportamiento del electorado.

Finalmente, la MOE incluyó a Malambo en riesgo medio, debido a su vulnerabilidad frente al fraude electoral y a la violencia, por su ubicación en una zona con presencia de redes de crimen organizado urbano.

En conclusión, el informe evidencia que el Atlántico enfrentará un proceso electoral complejo, donde la combinación de violencia, clientelismo y posibles fraudes obliga a un mayor control institucional y a una vigilancia estricta para garantizar elecciones transparentes y seguras.

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