Una red de tráfico de personas en San Andrés y Providencia estaría detrás del naufragio que causó la muerte de dos niños migrantes egipcios, en un trágico episodio ocurrido cerca de Nicaragua. La Policía Nacional, a través de su unidad especializada DIJÍN, logró identificar y capturar a los presuntos responsables tras un operativo de seguimiento que duró casi un año. Tres integrantes de esta estructura criminal fueron detenidos en San Andrés y Medellín.
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La historia comenzó a esclarecerse tras la circulación de videos en los que se veía la despedida desgarradora de una familia egipcia durante el entierro de los menores y otros tres familiares. Todos murieron ahogados al naufragar la embarcación en la que viajaban desde San Andrés hacia Corn Island, en Nicaragua, en febrero de este año. En las imágenes, registradas por medios locales, se observa que los cuerpos fueron sepultados en fosas comunes, lejos de su país natal.
Tragedia en Nicaragua: red criminal colombiana llevó a la muerte a dos niños egipcios
Según los investigadores, las víctimas viajaban en botes no aptos para mar abierto, sin chalecos salvavidas, en condiciones extremadamente peligrosas. La Policía Nacional señala como principal responsable a un hombre conocido como alias Jamer, quien lideraba una banda transnacional de tráfico de migrantes con operaciones desde Leticia y base central en San Andrés.
La red movilizaba a personas provenientes de Irán, Egipto, Vietnam e India, entre otros países. Su modus operandi consistía en ingresar a los migrantes por Brasil, luego por Leticia, y desde allí los trasladaban a Medellín, donde eran hospedados temporalmente. Allí, el jefe de la organización viajaba para estamparles sellos falsos de Migración Colombia en los pasaportes, haciendo parecer que estaban en regla.
Con esos documentos aparentemente legales, los migrantes podían abordar vuelos hacia San Andrés. Una vez en la isla, eran encerrados con candado y maltratados. “Se lograba evidenciar cómo los recibían, cómo los transportaban, cómo los encerraban, incluso a menores de edad, dándoles poca comida y manteniéndolos bajo llave”, afirmó un investigador de la DIJÍN a Noticias Caracol.
Una interceptación telefónica permitió conocer parte del trato inhumano que recibían. En la conversación, alias Karina le ordena a otra integrante: “Grábalos, grábalos… dale el agua a los bebés… cierra la puerta con candado bien y todo”. La crueldad con la que operaban quedó registrada en múltiples pruebas recolectadas por los investigadores.
El negocio ilícito era lucrativo. La organización cobraba entre 2.000 y 3.000 dólares por cada migrante, únicamente por el paso irregular en territorio colombiano. Con ese dinero garantizaban traslados, hospedaje, alimentación precaria y la salida clandestina desde San Andrés hacia Centroamérica.
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que tanto el líder de la organización como una de sus coordinadoras logísticas trabajaban como contratistas en la Gobernación de San Andrés, específicamente en el sector turístico. “Ambos estaban contratados por la gobernación cuando se realizaron las capturas”, confirmaron fuentes de la DIJÍN.
Este caso no solo deja al descubierto la tragedia de una familia migrante, sino también la manera como las redes de tráfico de personas se infiltran en instituciones y utilizan las rutas turísticas para su beneficio criminal. La operación representa un golpe importante para desarticular esta estructura, pero también deja en evidencia la urgente necesidad de reforzar la vigilancia migratoria y proteger los derechos de quienes, por necesidad, caen en manos de estos delincuentes.