Pese a la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la realidad del conflicto armado en Colombia sigue dejando profundas cicatrices, especialmente en los sectores más vulnerables de la población. El panorama es tan alarmante que, de acuerdo con cifras recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2016 y 2024 se han registrado al menos 1.494 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Esto equivale a un caso cada 48 horas, un ritmo escalofriante que desmiente cualquier idea de una paz consolidada.
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Lo más preocupante es que este fenómeno no solo persiste, sino que ha mutado. Las estructuras armadas, que en el pasado estaban dominadas por grandes actores como las extintas FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han dado paso a una nueva configuración más compleja y descentralizada. Hoy, Colombia enfrenta un mapa fragmentado de violencia, donde múltiples grupos armados ilegales compiten por territorios estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas.
El caso del Catatumbo es emblemático: en esta región fronteriza con Venezuela operan actualmente más de 10 grupos armados que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y la autoridad sobre comunidades enteras. Esta atomización de actores ha traído consigo nuevas dinámicas de reclutamiento, cada vez más sofisticadas y difíciles de rastrear.
Nuevas tácticas, misma tragedia
Estos grupos armados no solo continúan incorporando menores a sus filas: también han perfeccionado sus métodos de captación. Se aprovechan de las condiciones de pobreza extrema, la ausencia del Estado y la falta de oportunidades en regiones rurales y periféricas para atraer a jóvenes con promesas de dinero, poder y estatus.
En este nuevo escenario, las redes sociales se han convertido en un arma poderosa. De acuerdo con una alerta reciente de Naciones Unidas, más de 500.000 usuarios han sido expuestos a contenido en redes sociales —especialmente en TikTok— que promueve y glorifica la vida en grupos armados.
Este tipo de publicaciones hace uso de elementos culturales asociados a contextos de violencia: se difunden videos con corridos mexicanos, imágenes de fajos de dinero, armas de alto calibre, motocicletas y tecnocumbia, elementos que generan un discurso de seducción y admiración hacia quienes viven por fuera de la ley. En muchos casos, estas narrativas llegan directamente a los teléfonos de adolescentes que, sin apoyo institucional ni alternativas reales, ven en estos grupos una forma de escape o supervivencia.
Una lucha desigual
Frente a esta problemática, expertos y organismos de derechos humanos insisten en la necesidad de reforzar las estrategias de prevención del reclutamiento infantil, con una mirada integral que aborde las causas estructurales del fenómeno. También exigen una mayor regulación y control sobre el contenido difundido en plataformas digitales, así como una acción más decidida por parte del Estado colombiano para garantizar la presencia institucional en las regiones más afectadas.
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El reclutamiento de menores es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, y su persistencia evidencia que la guerra en Colombia no ha terminado, solo ha cambiado de rostro y de medios. Mientras las armas sigan reclutando la infancia del país, la paz seguirá siendo una promesa pendiente.