Desde finales de 2025 y a inicios del 2026 se instaló en Bogotá una narrativa de crisis alrededor del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional. Distintos sectores políticos, gremiales y la propia administración distrital insistieron en que el incremento generaría despidos masivos, cierre de empresas, más informalidad y afectaciones económicas, sin embargo, las cifras reales terminaron desmintiendo buena parte de ese alarmismo.
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Uno de los principales argumentos utilizados por la Secretaría de Desarrollo Económico y varios concejales, consistió en proyectar impactos negativos a partir de modelos sin mucha evidencia empírica y encuestas de percepción. Dentro de los estudios se retomaron estimaciones según las cuales el aumento de costos laborales asociados a recargos nocturnos, dominicales y al incremento salarial podría representar aumento cercano al 3,4% de la masa salarial total y derivar en la pérdida de 230 mil empleos formales. En ese sentido, Fedesarrollo proyectó incrementos de hasta 8,9% en costos salariales para algunos sectores económicos.
A esto se sumaron encuestas gremiales de Fenalco y otros sectores, donde comerciantes afirmaban contemplar reducir personal, cerrar establecimientos o disminuir operaciones. El problema es que estas encuestas fueron presentadas como si fueran pruebas de lo que efectivamente ocurriría en la economía, cuando en realidad solo reflejaban percepciones y escenarios hipotéticos.
El problema de fondo es que estos parten de modelos sesgados que asumen que cualquier incremento salarial necesariamente se traduce en despidos o cierre de empresas. Bajo esa lógica, si una empresa destinaba $100 millones de pesos a nómina y el incremento salarial implicaba $23 millones adicionales, los cuales representaban dos empleos, automáticamente se concluía que debían perderse los mismos, ignorando variables como el crecimiento del consumo, la expansión de ventas, la productividad o la capacidad de ajuste empresarial.
No obstante, la realidad económica terminó mostrando un panorama distinto. A nivel nacional, el desempleo pasó de 11,6% en enero de 2025 a 10,9% en enero de 2026 y posteriormente cayó hasta 8,8% en marzo de 2026, ubicándose entre las cifras más bajas para ese periodo en más de dos décadas. Paralelamente, el PIB colombiano creció 2,6% en 2025. La informalidad también disminuyó, en el trimestre enero-marzo de 2026 la proporción de ocupados informales fue de 55,3%, reduciéndose 1,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la pobreza monetaria cayó de 43,1% en 2021 a 31,8% en 2024, permitiendo que aproximadamente 3,4 millones de personas salieran de esa condición.
Las propias cifras utilizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico muestran contradicciones con la crisis que intentó posicionar. Mientras se insistía en un supuesto deterioro del mercado laboral, la población ocupada con ingresos superiores a un salario mínimo creció 21,6 % entre enero-marzo de 2025 y el mismo período de 2026, aumentando su participación dentro del total de ocupados de 47,2 % a 57 %. Aunque aumentó la proporción de ocupados con ingresos inferiores al salario mínimo, esto no constituye una prueba de destrucción de empleo causada por dicho incremento, pues muchas de estas variaciones obedecen a dinámicas propias del primer trimestre de cada año, procesos de reclasificación salarial y cambios en la composición de los ingresos laborales. El problema radica en presentar estos datos de manera sesgada o parcializada, sin contemplar otras variables que también influyen en el análisis. Incluso, la propia Secretaría reconoce en su documento la “imposibilidad de cuantificar directamente la pérdida de empleos atribuible al salario mínimo”.
Ahora bien, reconocer que las proyecciones catastrofistas fallaron no significa desconocer que existen sectores con mayores dificultades económicas. La entidad evidenció reducciones de ocupados en actividades como alojamiento y servicios de comida (-15,3%), construcción (-9,1%), industrias manufactureras (-5,1%) y actividades artísticas y recreativas (-4,5%), sectores intensivos en mano de obra y con alta concentración de trabajadores de menores ingresos. Sin embargo, los problemas de estos sectores no pueden reducirse exclusivamente al salario mínimo.
Las micro, pequeñas y medianas empresas en Bogotá enfrentan dificultades estructurales más profundas, como baja productividad, competencia desigual frente a grandes oligopolios, acceso limitado al crédito y ausencia de políticas distritales sólidas de fortalecimiento productivo. Precisamente por eso el debate no puede convertirse en una falsa contradicción entre salario digno y sostenibilidad económica.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sí ha impulsado medidas complementarias para fortalecer la economía. Durante este gobierno el presupuesto agrario aumentó aproximadamente 139%, superando los $22 billones de pesos, y la inversión en educación alcanzó niveles históricos cercanos a $7,6 billones. Además, los costos de la canasta familiar disminuyeron 1,8% en febrero de 2026 frente al mismo periodo del año anterior gracias al fortalecimiento del sector agrario y a la reducción de precios de varios alimentos.
En materia inflacionaria, aunque la inflación en abril de 2026 se ubicó en 5,68%, superior al 5,16% anterior, el Banco de la República reconoció que ello responde a múltiples variables macroeconómicas asociadas a una economía creciendo y altos niveles de empleo. Incluso el Banco señaló que dichas presiones fueron parcialmente compensadas por una tasa de cambio más fuerte, menores precios internacionales y una mayor oferta de alimentos. Es decir, la inflación tampoco puede reducirse automáticamente al aumento del salario mínimo.
Además, Bogotá no funciona aislada del resto del país, cuando aumenta el consumo nacional, disminuye la pobreza y las personas tienen mayor capacidad adquisitiva, Bogotá recibe parte importante de esos efectos positivos por ser el principal centro económico del país. Sin embargo, la administración distrital parece asumir que Bogotá es una isla cuando las cifras nacionales son positivas, pero responsabiliza inmediatamente al Gobierno nacional cuando se trata de sus problemáticas.
Finalmente, las cifras demuestran que el fortalecimiento salarial no es incompatible con el crecimiento económico. Por el contrario, cuando se acompaña de políticas de inversión social, fortalecimiento productivo y dinamización del consumo, puede convertirse en un motor importante para reducir pobreza, aumentar el empleo y fortalecer la economía. El verdadero debate no debería centrarse en precarizar aún más a las y los trabajadores, sino en construir una economía más productiva y con mejores condiciones para quienes sostienen diariamente el país.