En este país tan centralista y presidencialista, los últimos cuatro años no fueron fáciles para Bogotá, ni para Medellín, ni Cali, ni Barranquilla. El Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro, atacó, ultrajó, bloqueó y chantajeó a las ciudades constantemente y de manera descarada. Pero aquí vamos a hablar de Bogotá. La relación entre la Nación y la capital estuvo marcada por enfrentamientos permanentes, discursos de confrontación y obstáculos caprichosos para poder sacar adelante proyectos fundamentales para el futuro de la ciudad. Menos mal en los últimos dos años Bogotá ha tenido alcalde.
PUBLICIDAD
Mientras Bogotá necesitaba respaldo encontró indiferencia. Mientras esperaba soluciones recibió ataques. Mientras esperaba trabajo conjunto encontró un Gobierno más interesado en el ego y la pelea política que en ayudar a resolver los problemas de millones de personas.
Por todo esto, el próximo presidente debe entender que cuando a Bogotá le va bien, a Colombia le va bien. Tendrá la tarea titánica de reconstruir la relación entre la Nación y Bogotá. Porque no se trata de afinidades ideológicas ni de acuerdos políticos. Se trata de gobernar con responsabilidad y de entender que la capital del país no puede seguir siendo víctima de cálculos electores y mucho menos de los caprichos y egos del presidente de turno.
Cuando hablamos de movilidad, seguridad, educación o salud, los bogotanos no queremos peleas. Queremos respuestas. Queremos soluciones concretas a problemas que afectan nuestra vida todos los días.
Bogotá necesita que avancen los grandes proyectos que dependen de la cofinanciación o el respaldo de la Nación. Obras como la Avenida Suba-Cota, la troncal Caracas Sur hasta el nuevo Hospital de Usme, las líneas 2 y 3 del Metro, la ALO Norte y Centro, la ampliación de la Autopista Norte y Séptima, sólo por mencionar algunos, no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos burocráticos y funcionarios que no respetan a la ciudad. Todos estos son proyectos que impactan directamente la movilidad, la competitividad y la calidad de vida de millones de Colombianos.
Existe otra preocupación importante que refleja la forma en que el actual Gobierno Nacional ha manejado la relación con la ciudad: el decreto de ordenamiento ambiental de la Sabana. Hay preocupaciones técnicas y legales importantes que afectan profundamente el futuro del desarrollo de Bogotá y de los municipios de la Sabana. No sólo viola la autonomía territorial, consagrada en la Constitución, sino que al parecer está desconociendo una medida cautelar judicial vigente, lo que posiblemente se configure en un delito penal.
Las decisiones sobre Bogotá y la Sabana no pueden imponerse desde un escritorio en la Casa de Nariño. Los municipios tienen autonomía, las autoridades locales tienen responsabilidades constitucionales y los ciudadanos tenemos derecho a participar en las decisiones que afectan nuestros territorios. Cuando el Gobierno Nacional pretende reemplazar esa discusión por decretos unilaterales no sólo genera incertidumbre jurídica, afecta la confianza en las instituciones y pone en riesgo proyectos estratégicos para la región, también muestra su talante de tirano.
Aquí estamos hablando de decisiones relacionadas con vivienda, movilidad, infraestructura, medio ambiente, desarrollo regional y seguridad. Temas que impactan la vida de millones de personas y que exigen una discusión seria, técnica y legal. Gobernar no es imponer, es construir consensos.
Otro de los grandes desafíos que el próximo presidente debe enfrentar y trabajar con Bogotá será la seguridad. El Gobierno actual dio mensajes equivocados a los criminales y bandidos. Les dijo que podían aterrorizar a todo un país sin consecuencias y hasta con premios. Mientras los colombianos enfrentábamos el aumento de fenómenos como la extorsión desde las cárceles, el hurto y el fortalecimiento de los terroristas, la respuesta del Gobierno Nacional fue volverlos gestores de paz. Bogotá ha tenido que asumir gran parte de la responsabilidad de combatir estas estructuras criminales con recursos propios y con la poca movilidad acción que le da la ley en este país.
La lucha contra el crimen requiere inteligencia, coordinación institucional, fortalecimiento de la fuerza pública y una política clara de respaldo a quienes trabajar todos los días para protegernos. Todo esto es potestad de la Nación.
Bogotá, con 10 mil policías menos de los que necesita y con un sistema judicial que no funciona. El 94% de los capturados por hurto en Bogotá quedan en libertad y el 59% de los capturados por homicidio también. Bogotá ha hecho esfuerzos enormes para mantener la seguridad en medio de circunstancias complejas. Ahora necesita un Gobierno Nacional que haga su parte.
Después de años de confrontación, la ciudad necesita pasar la página. Necesita una nueva etapa basada en la cooperación institucional, el respeto por la autonomía territorial y la búsqueda de resultados concretos. Los bogotanos estamos cansados de los discursos que dividen y de las peleas que no resuelven nada. Lo que esperamos son soluciones.
Ya es hora de pasar de la confrontación al trabajo conjunto, de los discursos a los resultados y de las diferencias políticas a las soluciones que esperan millones de ciudadanos.
Eso es lo que necesita Bogotá. Y eso es lo que merece Colombia.