Imagínese que el reloj marca las 6 de la mañana en Bosa. Una mujer decide pedir ayuda. A las 6:37, en otro punto de la ciudad, otra mujer está en la misma situación. Y a las 7:14, otra. Así, todo el día. Eso es lo que reportó la Secretaría Distrital de la Mujer entre enero y marzo de este año: 3.569 casos. Cuarenta al día. Mientras usted lee esta columna, ya van varios casos.
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Y esto ocurre en mayo, el mes que la ciudad dedica a celebrar a las madres.
Pensemos en eso un momento. Mientras los centros comerciales se llenan de flores y los restaurantes agotan mesas, hay mujeres —madres muchas de ellas— que comparten techo con su agresor, que no saben a dónde llamar si el ataque ocurre un domingo a las dos de la mañana, que han pedido ayuda y han encontrado rutas rotas, casas refugio con fallas y comisarías que cierran cuando la violencia no cierra.
Detrás de los números hay rostros concretos. Mujeres de 29, de 35, de 22 años —los rangos más golpeados— que viven en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Suba. Mujeres cuyo agresor más frecuente no es un extraño: es la pareja o expareja. De los 3.569 casos reportados, casi 2.500 corresponden a esa relación. La violencia más difícil de nombrar es la que ocurre donde se supone que una está segura.
Lo que más me preocupa no son solo las cifras —que ya de por sí son devastadoras— sino lo que reveló la Contraloría de Bogotá en su Informe de Auditoría No. 33 de 2025: fallas en las rutas de atención, debilidades en la operación de las Casas Refugio, seguimiento insuficiente de casos. Es decir, el sistema que debería proteger a estas mujeres tiene grietas por donde se les escapa la vida.
Ante eso, desde la bancada del partido MIRA trabajamos en una respuesta concreta. No un pronunciamiento. No una conmemoración. Una norma: el Acuerdo 1052 de 2026, aprobado como Acuerdo de Ciudad, que amplía a 80 las Comisarías de Familia en Bogotá, crea una modalidad virtual y garantiza atención las 24 horas, los 7 días de la semana.
Porque el problema de fondo es este: la violencia no tiene horario de oficina, pero la protección institucional sí. Una mujer en riesgo extremo —y el 43% de las valoraciones del primer trimestre de 2026 llegaron a ese nivel— no puede esperar al lunes. No puede atravesar media ciudad con su agresor siguiéndola. No puede explicar su miedo a una grabadora a las 11 de la noche y que nadie conteste.
La norma ya es una realidad. Eso es un avance real. Pero una norma que no se reglamenta es una promesa incumplida. Y Bogotá no puede darse el lujo de tener herramientas poderosas guardadas en un cajón mientras las mujeres siguen en riesgo.
Por eso hacemos un llamado directo a la Administración Distrital: priorice la reglamentación del Acuerdo 1052. Que no quede en el papel. Que cada mujer en Bosa, en Suba, en Ciudad Bolívar, sepa que existe una comisaría virtual disponible a cualquier hora, que puede activar una ruta de protección sin salir de su casa, sin esperar al siguiente día hábil.
Y un llamado también a los bogotanos: esto no es un tema de mujeres. Es un tema de ciudad. Una ciudad que registra 165 casos de violencia de pareja por cada 100.000 habitantes —muy por encima del promedio nacional de 120— no puede seguir mirando hacia otro lado mientras pone flores en las mesas el Día de la Madre.
Ni siquiera en el mes que les dedicamos a ellas, se detiene la violencia.
Ya tenemos la norma. Ahora necesitamos la voluntad.