Colombia se encuentra en una encrucijada histórica donde se confrontan dos visiones irreconciliables de futuro. El próximo 31 de mayo la ciudadanía decidirá entre la perpetuación de un modelo extractivista agonizante o la consolidación de un paradigma que sitúa la vida y el agua en el centro de la organización nacional.
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El gobierno de Gustavo Petro marcó un hito sin precedentes en la historia colombiana, construyendo un Plan Nacional de Desarrollo en torno a un principio transformador de la vida, el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la acción climática. Este enfoque supera la visión antropocéntrica e instrumental del ambiente, proponiendo en su lugar, una planificación donde los ciclos hidrológicos, los límites biofísicos de la naturaleza y la apropiación de las comunidades de los territorios donde cohabitan, se conviertan en pautas del desarrollo productivo y la expansión urbana, y no a la inversa.
Desde la Amazonia hasta los páramos, del pacífico al atlántico, el país despliega estrategias ambiciosas basadas en la transformación productiva, la actualización del Catastro Multipropósito, la reforma rural integral, las directrices de ordenamiento en ecosistemas estraégicos, la delimitación de páramos, la recuperación de los cuerpos de agua y la protección de los ecosistemas, entre otras. Obteniendo logros significativos como la caída de la deforestación a niveles históricos, evitando la destrucción de unas 44.000 hectáreas de bosque, la cifra más baja desde 2000, asimismo, se crearon en 13 regiones del país los Consejos Territoriales del Agua, y se decretó el reconocimiento de los territorios ancestrales en la sierra Nevada, todos estos esfuerzos, conducen a Colombia hacia una justicia ambiental vinculada a la paz y al cuidado de la tierra.
Los avances normativos e institucionales logrados en este periodo corren el riesgo de convertirse en un paréntesis de la história ambiental nacional, no podemos permitir que el próximo mandatario ceda ante las presiones de las élites financieras que exigen el retorno a la ortodoxia fósil, por esto, el país debe continuar con la política de la descarbonización de la economía y la Transición Energética Justa (TEJ) no como una alternativa ideológica, sino, como un imperativo de supervivencia, soberanía económica y autonomía energética.
La transformación hacia una matriz energética descarbonizada exige comprender las complejidades propias del sistema energético nacional. No se trata simplemente de sustituir electrones de origen fósil por electrones generados mediante fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), como la solar o la eólica. Se trata de superar la dependencia energética y económica de las exportaciones de carbón y petróleo. Por ende, la transición energética justa requiere una diversificación económica planificada que fortalezca el turismo de naturaleza, la agricultura sostenible, la reindustrialización verde, el tránsito laboral de las poblaciones y la economía del conocimiento. La transición debe concebirse como una alternativa de solución estructural a la crisis climática, un mecanismo para democratizar la generación energética a través de comunidades energéticas locales, rompiendo los oligopolios de distribución que encarecen el costo de vida.
El verdadero reto de la sostenibilidad radica en desmantelar la adicción a las regalias y la dependencia de los hidrocarburos, que ha traido consecuencias históricas en materia ambiental y el traslado de sus externalidades a las clases populares, prolongar la agonía de la economía del carbono es una irresponsabilidad técnica y un suicidio civilizatorio. Discursos populistas insisten en reactivar la explotación de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales mediante el fracking, ante eso, es necesario responder con contundencia científica y ética, las posturas que avalan el fracking y la profundización de la explotación de recursos no renovables son, escencialmente, enemigas de la vida y de la naturaleza. Quienes defienden estos métodos, operan bajo la lógica del capitalismo extractivista basado en la captura de ingresos rápidos en el corto plazo a expensas de la degradación irreversible de la vida natural comprometiendo irresponsablemente el futuro del país.
El fracking representa la fase más desesperada y destructiva del capital fósil consistente en inyectar millones de litros de agua dulce combinada con tóxicos a altas presiones para quebrar la roca madre, sacrificando los acuíferos subterráneos a cambio de unos pocos años de rentabilidad. La evidencia científica recopilada en contextos nacionales e internacionales desmitifica los discursos del fracking seguro, estudios adelantados por la Comisión Interdisciplinaria Independiente, en su informe de evaluación de impactos bióticos, físicos y socioeconómicos, advierte sobre la fragilidad institucional y las profundas incertidumbres hidrogeológicas en Colombia, señalando los riesgos inasumibles de sismicidad inducida, contaminación irreversible de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, y la ruptura del tejido comunitario en las regiones afectadas.
Por esto, favorecer esta política extractivista en un país megadiverso, cuyo mayor patrimonio frente al cambio climático es el agua dulce y la riqueza biótica, constituye una contradicción sin precedentes, los promotores de estas prácticas anteponen lo financiero privado al derecho constitucional a un ambiente sano y a la seguridad alimentaria de las futuras generaciones de colombianos y colombianas.
Colombia, el país de la belleza no puede permitir volver al pasado, donde la naturaleza era concebida por los gobernantes como una moneda de cambio a intereses internacionales extractivistas condenando al país a una eterna dependencia económica y energética con daños irreparables a nuestros ecosistemas.
Estamos convencidas que debemos hacer un pacto ecosocial, donde la política ética consiste en comprender que la riqueza de nuestra nación no se mide en barriles de crudo extraídos ni en toneladas de carbón exportadas, sino en la pureza de nuestros ríos, la resiliencia de los ecosistemas, el respeto a nuestros pueblos originarios y comunidades y, sobre todo, la firmeza con la que se protege las condiciones biofísicas que hacen posible la vida. El próximo gobierno tiene la responsabilidad histórica de profundizar este camino; retroceder sería traicionar la naturaleza y condenar al país a convertirse en una mina a cielo abierto.