En Colombia estamos estrenando, desde hace 4 años, una nueva pedagogía estatal, el mensaje ya no es estudie, trabaje y haga las cosas bien, ahora la fórmula parece ser otra: amenace, delinca, secuestre y espere el subsidio.
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La farsa de la llamada “Paz Total” sigue enviando un mensaje peligrosísimo: en Colombia parece que empuñar un fusil trae más beneficios que respetar la ley. Y es que es evidente que este terrible invento, del cual Iván Cepeda es arquitecto y articulador, ha traído impunidad y las cifras del Gobierno lo confirman: más de 400 masacres, más de 40 mil homicidios, expansión indiscriminada de los grupos armados en más de 200 municipios y un aumento descontrolado de la violencia.
Porque sí, mientras millones de colombianos honestos hacen filas eternas para conseguir empleo, créditos educativos o una cita médica, el Gobierno Petro decidió que quienes empuñaron un fusil merecen cada vez más beneficios financiados con plata pública o al menos es lo que evidenciamos con el nuevo Decreto 0492 de 2026.
Lo peor es que con este nuevo decreto, los desmovilizados podrán recibir un pago inicial equivalente a dos salarios mínimos y apoyos mensuales cercanos a un salario mínimo durante hasta dos años. Además, el Gobierno aumentó beneficios para vivienda, proyectos productivos y hasta educación superior financiada con recursos públicos.
¿Cómo explicarle esto a miles de jóvenes honestos que hoy no consiguen empleo, no tienen cómo ingresar a la universidad y escuchan permanentemente que no hay recursos para atender sus necesidades?
¿Cómo explicarle a las víctimas del terrorismo que quienes sembraron miedo, desplazaron familias y asesinaron a sus familiares ahora recibirán mayores beneficios pagados con el bolsillo de los colombianos?
El problema no es la reincorporación, porque Colombia sí necesita mecanismos serios para quienes abandonen la violencia. El verdadero problema es convertir la reincorporación en un sistema de privilegios mientras las víctimas y los ciudadanos siguen abandonados y hasta burlados, un negocio redondo para el criminal.
Porque este decreto incluso permite que quienes ya habían recibido beneficios continúen accediendo a nuevos apoyos económicos. Es decir, el Gobierno amplió subsidios sin resolver primero las enormes necesidades sociales de millones de ciudadanos que jamás han cometido un delito.
La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un negocio rentable para quienes decidieron tomar las armas contra el país.
Por eso decidí demandar este decreto ante el Consejo de Estado, porque además del problema moral y político, existe un problema jurídico gravísimo: el Gobierno está comprometiendo recursos públicos enormes sin autorización expresa del Congreso y sin una evaluación seria de impacto fiscal.
La Constitución es clara, ningún gasto público puede hacerse sin autorización legal. Pero además, la Ley de Responsabilidad Fiscal exige que cualquier medida que implique gasto incluya una evaluación de impacto fiscal y este decreto simplemente no la tiene.
Y aquí aparece entonces una contradicción moral profundamente preocupante, mientras Gustavo Petro incrementa beneficios para quienes asesinaron, secuestraron y torturaron, miles de víctimas siguen esperando reparación, seguridad y justicia.
Además, el mensaje político detrás de esta medida es devastador, porque cuando el Estado ofrece cada vez más beneficios a quienes pertenecieron a estructuras criminales, termina enviando una señal equivocada y es que delinquir eventualmente puede traer recompensas.
En Colombia necesitamos seguridad, autoridad y justicia; necesitamos oportunidades para los jóvenes que estudian, trabajan y luchan honestamente por salir adelante. Necesitamos un Estado que priorice a las víctimas y no que siga ampliando privilegios para quienes atentaron contra la democracia.
Mientras un joven lucha por un crédito educativo, una víctima espera años por reparación y millones de colombianos pagan impuestos, el Gobierno Petro decidió enviarle un mensaje a los criminales: siempre habrá una segunda chequera esperándolos. Y esa, es la señal más peligrosa de todas, convertir la legalidad en el camino difícil y el delito en uno cada vez más rentable.