Bogotá atraviesa una crisis de seguridad que ha desbordado la capacidad de asombro de sus habitantes. La realidad en las localidades es crítica: cada día se registran más de dos hechos delictivos por sector, una estadística que ha empujado a la ciudadanía a un estado de desesperación tal que las vías de hecho empiezan a normalizarse como el único recurso de protesta. Lo ocurrido recientemente en la localidad de Engativá es prueba de ello. En el barrio Gran Granada, tras el asesinato de Luis Arturo —un joven de 19 años que recibió un disparo mientras trabajaba—, la comunidad bloqueó la Calle 80 para exigir un CAI. Pocos días después, en Villa Alsacia, los vecinos se vieron obligados a salir a las calles ante una ola de atracos a mano armada a plena luz del día. Cuando el ciudadano siente que ni siquiera el hogar es seguro, la confianza en las instituciones se quiebra.
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Hace pocos días, mientras esperábamos dar inicio a una mesa de trabajo en una barbería del barrio Jazmín, en Puente Aranda —establecimiento previamente afectado por la delincuencia—, la realidad nos alcanzó de forma directa: un integrante de nuestro equipo fue víctima del hurto de su teléfono celular en modalidad de raponazo. Este hecho evidencia que la vulnerabilidad no distingue roles y que el control territorial requiere patrullaje y operatividad inmediata. Bajo el lema de “Bogotá Camina Segura”, el cumplimiento de la promesa de una ciudad que recupere la tranquilidad recae en la capacidad del alcalde para transformar el presupuesto en verdaderos resultados.
No basta con la formulación de estrategias si estas encuentran un cuello de botella en la gestión de los recursos. Como lo expusimos la semana pasada en el debate de control político al presupuesto de las alcaldías locales, existen fallas críticas en la cadena de ejecución. Es técnicamente injustificable que aproximadamente trescientas motocicletas, adquiridas con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, permanezcan inactivas en bodegas debido a trámites de matrícula y demoras administrativas. Cada vehículo detenido por un trámite es una patrulla menos en los barrios donde la comunidad hoy exige protección. Debemos entender que la mala ejecución es una forma silenciosa pero devastadora de corrupción.
Desde el Partido MIRA mantenemos una posición clara: no apoyamos reformas tributarias ni más impuestos. Antes de buscar recursos adicionales en el bolsillo de los bogotanos, es indispensable que la administración demuestre transparencia, austeridad y gasto eficiente del dinero recaudado anualmente. Los recursos de las localidades no pueden ser cifras estáticas en un balance; deben ser herramientas operativas en la calle. Nuestra propuesta de renovación en la gestión pública implica que cada peso invertido en tecnología y movilidad se traduzca en una reducción real del tiempo de respuesta institucional. Hacemos un llamado a la Alcaldía de Bogotá y a los entes de control para que fortalezcan la vigilancia a la ejecución presupuestal, asegurando que el dinero se vea reflejado en el bienestar ciudadano.
La planeación no puede ser el obstáculo de la acción, especialmente cuando la delincuencia opera sin las restricciones de la burocracia. Para fortalecer el tejido social y proteger a la familia bogotana, es imperativo que el Distrito dinamice los recursos locales y que la Policía cuente con el equipo técnico en pleno funcionamiento. La transparencia en la ejecución es la base de la confianza. El camino hacia la tranquilidad de Bogotá se construye con una gerencia pública impecable que anteponga la vida sobre el proceso administrativo. La esperanza de nuestra ciudad se sostiene en la gestión efectiva, asegurando que el progreso y la integridad caminen, finalmente, de la mano