En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans (31 de marzo), la exigencia de acciones concretas frente al abandono institucional por parte del gobierno distrital se vuelve central. Persisten e incluso se profundizan las desigualdades estructurales, mientras las personas trans siguen sosteniéndose y resistiendo a través de redes de autocuidado y procesos organizativos comunitarios. Esta realidad quedó en evidencia en nuestro reciente debate de control político “Las vidas trans importan”, donde se expuso un panorama de desinterés institucional y una preocupante tendencia a minimizar y silenciar estas problemáticas.
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Según la caracterización parcial construida por la Secretaría de Gobierno a partir de las atenciones en las distintas rutas, la población trans se concentra mayoritariamente (75,9%) en los estratos socioeconómicos más bajos, con un 23,1% en estrato cero; en términos educativos, el 58,3% cuenta con educación secundaria, solo el 35,2% ha completado el bachillerato y el 7,7% no tiene escolaridad, lo que se refleja en el ámbito laboral, donde el desempleo alcanza al 33% de la población atendida y la mayoría se encuentra en condiciones de informalidad.
Las respuestas de la administración al debate evidencian falta de rigurosidad, profundas inconsistencias y serias debilidades en la coordinación interinstitucional para la atención integral de esta población, configurando un escenario de abandono institucional. Bogotá no cuenta con cifras oficiales consolidadas y la información se limita a registros de atenciones, sin una medición estructurada de riesgos, pese al aumento sostenido de las violencias hacia las personas trans en los últimos años.
Es notoria la brecha entre los datos de atención reportados por la Secretaría de Gobierno y un enfoque basado en la gestión o análisis del riesgo, en tanto no se presentan indicadores de impacto ni resultados verificables. Tampoco se identifica una caracterización de las violencias ni mecanismos de seguimiento a los casos, lo que evidencia el predominio de una lógica centrada en la contabilización de coberturas o atenciones, en detrimento de un enfoque orientado a la garantía efectiva de derechos. Lo anterior pone de manifiesto una debilidad estructural: la ausencia de sistemas de medición del riesgo y del agravamiento de las violencias, a pesar de que la población trans enfrenta vulnerabilidades diferenciadas que exigen respuestas institucionales integrales y basadas en evidencia.
Pese al aumento significativo en los registros de violencias, según la Ruta de Atención a Víctimas de Presunto Abuso de Autoridad por parte de la Fuerza Pública, no se evidencian avances en el inicio de procesos sancionatorios contra miembros de la fuerza pública señalados por actos de discriminación y agresión, ni se conocen resultados efectivos frente a las denuncias y amenazas.
Más grave aún, en relación con la meta del Plan Distrital de Desarrollo sobre inclusión laboral, vinculada a la Directiva 005 de 2021 y bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación, desde 2024 únicamente se registran 18 personas trans vinculadas en todas las modalidades de contratación y, además, se reconoce que “no existe un presupuesto establecido para acciones de inclusión”.
En este contexto, resulta especialmente preocupante que la Secretaría de Planeación falte a la verdad al reportar un supuesto cumplimiento del 157% de la meta estratégica 84, orientada a garantizar la vinculación laboral o contractual de personas trans en entidades distritales con seguimiento a través del SIDEAP. Según la misma entidad, entre 2024 y 2025 se habrían realizado 858 vinculaciones, una cifra que contrasta de manera significativa con los datos reales previamente expuestos y que, en la práctica, corresponde a los peores resultados de esta administración.
En cuanto al manejo de denuncias disciplinarias por acoso y discriminación a personas trans, ubicamos que predomina un enfoque procedimental, sin análisis de fondo sobre posibles fallas institucionales, notando una normalización en este sentido y sin medidas correctivas concretas. Lo cual es importante, ya que las garantias de acceso al empleo también deben ser libres de estas malas prácticas, especialmente a poblaciones vulnerables y que ha sido el motivo de las recurrentes denuncias.
Finalmente, en lo relacionado con el programa de la Clínica de Género, operado por la Subred Norte E.S.E. desde 2023 en el marco del Modelo de Atención Integral para personas trans y de género diverso en Bogotá, si bien representa un avance en la oferta diferencial, su implementación se ve limitada por barreras de acceso persistentes de carácter económico, que dificultan la continuidad de los tratamientos; cultural, asociadas al estigma y la discriminación; educativo, derivadas de trayectorias formativas interrumpidas; y laboral, marcadas por la informalidad y la precariedad de ingresos.
A ello se suma la debilidad en redes de apoyo y los altos riesgos en salud mental y física. Lo que nos hace insistir en la urgencia de una transformación sustantiva de la realidad socioeconómica que de manera estructural garantice la efectividad de esta iniciativa.
En este sentido, el enfoque integral y su modelo de atención en los diferentes programas e iniciativas permanecen anclados en una lógica asistencial y formativa, sin evidencia de transformaciones reales en aspectos clave como el acceso a empleo digno, la mejora de las condiciones socioeconómicas y la reducción de las violencias.
En consecuencia, este gobierno distrital ha dado un cumplimiento limitado a los ya escasos compromisos del Plan Distrital de Desarrollo relacionados con la población trans y, pese a contar con una política pública que en teoría aborda múltiples problemáticas, estas no se traducen en cambios reales. Bajo el enfoque actual, difícilmente se materializarán, pues persiste una brecha crítica de información que reproduce prácticas institucionales orientadas a reportar resultados que no se corresponden con la realidad y a presentar cifras engañosas.
Expresado todo lo anterior, y a propósito del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la mejor forma de conmemorarlo es asumir un compromiso real con la transformación efectiva de estas condiciones, mediante acciones concretas y resultados verificables orientados a proteger la vida de estas ciudadanías y garantizar su dignidad. Esto implica también enfrentar con firmeza los discursos de odio y anti derechos, así como impulsar medidas estructurales que aseguren el cuidado y una vida digna, libre de violencias y discriminación, fortaleciendo los procesos comunitarios y comprometiendo de manera decidida a la sociedad en su conjunto.