Cada vez que hay elecciones aparece la misma frase tranquilizadora: “los derechos LGBT ya están garantizados, nadie los puede quitar”. Es una idea cómoda. También es una idea peligrosa.
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Peligrosa porque parte de una premisa falsa: que los derechos son permanentes. Que una vez conquistados quedan blindados para siempre. Y que, por tanto, la política ya no tiene nada que ver con ellos.
La historia demuestra exactamente lo contrario.
Gran parte de los avances que hoy existen para las personas LGBT en Colombia no nacieron en el Congreso sino en la Corte Constitucional: el reconocimiento de las familias diversas, el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo. Son desarrollos jurisprudenciales, interpretaciones constitucionales que pueden ampliarse, consolidarse… o reinterpretarse.
El derecho constitucional no es un edificio terminado. Es una construcción permanente. Por eso, afirmar que los derechos ya están completamente asegurados es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, profundamente irresponsable.
Pero más allá del debate jurídico hay una conversación que incomoda dentro de las personas LGBT: la relación entre identidad y política.
Durante años se instaló la idea que las personas LGBT deberían votar de una forma específica. Como si la orientación sexual determinara automáticamente una posición ideológica. Como si la diversidad terminara justo donde empieza la política. La reacción a esa expectativa es cada vez más visible: gais que reivindican su derecho a pensar distinto. Y tienen razón en algo fundamental: las personas LGBT no somos un bloque ideológico.
No pensamos igual sobre economía, seguridad, migración, modelo de Estado o política internacional. Pretender que la orientación sexual determine una posición política única es tan absurdo como pensar que todas las mujeres votan igual o que todos los jóvenes comparten la misma visión del país.
Pero reconocer esa diversidad política no debería llevarnos a otra simplificación peligrosa: creer que la política no tiene consecuencias sobre los derechos. Porque sí las tiene. Y ahí aparece una figura que rara vez se discute con honestidad: la de los gais cómodos.
Personas que, gracias a su posición social, su entorno urbano o su capital cultural, han logrado construir una vida relativamente protegida frente a muchas de las violencias que aún enfrentan otras personas LGBT en el país. Para quienes habitan ciertos círculos profesionales y urbanos, la discriminación puede parecer un problema superado.
Pero Colombia no es solo esas burbujas. Mientras en algunos sectores urbanos el debate gira alrededor del matrimonio o la adopción, en muchas regiones del país las personas LGBT siguen enfrentando exclusión laboral, expulsión familiar, violencia social e incluso asesinatos por prejuicio. En buena parte del territorio nacional la pregunta sigue siendo mucho más básica: si es posible vivir abiertamente sin miedo.
Desde esa perspectiva, afirmar que los derechos ya están completamente asegurados puede ser una ilusión que solo funciona dentro de determinados privilegios. Por supuesto, nadie debería votar únicamente desde su identidad sexual. La política es más compleja que eso. Pero tampoco es ingenuo ignorar que los proyectos políticos tienen posturas concretas frente a los derechos. A veces no se trata de quitarlos directamente. A veces el debate es si quien gobierna está dispuesto a ampliarlos, protegerlos o simplemente congelarlos.
Y congelar derechos también es una decisión política.
Las personas LGBT no somos un partido político, ni una ideología, ni un bloque electoral. Somos ciudadanía. Pero precisamente por eso conviene recordar algo que la historia demuestra una y otra vez: los derechos nunca están garantizados por decreto. Se sostienen (o se erosionan) según las decisiones políticas de cada época.
Y cuando algunos creen que ya no es necesario defenderlos, suele ser porque han tenido la fortuna de no necesitar hacerlo.