En los últimos años el debate público en Bogotá ha incorporado con mayor fuerza la problemática de los llamados puntos críticos de residuos en el espacio público, un fenómeno que, lejos de resolverse, se ha naturalizado hasta convertirse en parte del paisaje cotidiano de la ciudad bajo la administración de Carlos Fernando Galán. Lo que antes eran situaciones excepcionales, hoy se repiten en todas las localidades, afectando la movilidad, la salud pública, el ambiente, la percepción de seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía.
Las cifras oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) muestran que, con corte al 31 de diciembre de 2025, se registraban 478 puntos críticos, mientras que en diciembre de 2024 se contabilizaban 623 puntos críticos activos. A primera vista, esta reducción podría interpretarse como un avance en la gestión del problema, sin embargo, cuando estos datos se analizan en conjunto con la información presupuestal, los contratos vigentes y las decisiones administrativas adoptadas, surgen serias inconsistencias que ponen en duda la acción institucional.
Mientras la ciudadanía continúa reportando diariamente la acumulación de residuos en el espacio público, la Alcaldía ha configurado toda una estrategia para trasladar la responsabilidad a los comportamientos individuales, ocultando la incapacidad institucional para enfrentar de manera estructural una problemática que claramente supera la dimensión comportamental y responde a fallas profundas del modelo de aseo.
La atención de los puntos críticos se realiza a través del Proyecto de Inversión 8236, denominado “Implementación de estrategias integrales para la gestión de residuos sólidos de puntos críticos y de arrojo clandestino como garantía de área limpia en el espacio público de Bogotá D.C.”. La revisión detallada de este proyecto resulta especialmente esclarecedora, por no decir aterradora. En 2024, primer año de la administración Galán, el proyecto tuvo un costo total de $28.592.540.000. Para 2025, el presupuesto asignado aumentó a $82.521.850.088, y para 2026 la estimación presupuestal asciende a $75.479.300.000. Tomando como año base 2024, estos valores representan un incremento presupuestal del 189% para 2025 y del 164% para 2026.
El aspecto más preocupante se encuentra en la actividad 3 del proyecto, orientada a “Atender el 100% de los puntos críticos y de arrojo clandestino en el Distrito Capital”. En 2024, esta actividad contó con una apropiación superior a $11.590 millones, de los cuales cerca de $2.000 millones se destinaron a interventoría y el resto al pago de operadores privados. Para 2025, la apropiación presupuestal ascendió a más de $47.282 millones, lo que equivale a un incremento del 308% en un solo año.
Aquí surge una contradicción imposible de ignorar, según la propia UAESP, los puntos críticos disminuyeron entre 2024 y 2025, entonces, ¿por qué los recursos para atenderlos se multiplicaron casi por cuatro? Las cifras muestran que, en lugar de resolver estructuralmente el problema, la administración optó por normalizar la emergencia, convertirla en un rubro presupuestal creciente y sostener un esquema en el que la basura no se previene ni se elimina, sino que se gestiona como negocio.
Este patrón, donde al parecer la UAESP tiene seria responsabilidad, se confirma al revisar las adiciones contractuales realizadas durante 2025 para la atención de puntos críticos. Empresas como Aguas de Bogotá, Lime, Promoambiental, Área Limpia, Bogotá Limpia y Ciudad Limpia recibieron adiciones sucesivas bajo el mismo argumento.
En el caso de Aguas de Bogotá, se registró una adición al Contrato CTO 305 hasta el 7 de octubre de 2025 por $3.637.600.000, otra hasta el 7 de noviembre de 2025 por $1.818.800.000, y adicionalmente el Contrato CTO 457 por $1.762.409.498.
El operador Lime recibió la Adición 32 al Contrato 284 de 2018 hasta el 31 de octubre de 2025 por $10.721.160.000, seguida de la Adición 33 hasta el 11 de febrero de 2026 por $5.345.236.340. En Promoambiental, se reportan la Adición 36 al Contrato 283 de 2018 por $2.308.608.000 y la Adición 37 por $1.533.369.201, ambas hasta el 11 de febrero de 2026. Área Limpia recibió la Adición 37 al Contrato 287 de 2018 por $3.013.200.000 y la Adición 38 por $2.500.960.967. En Bogotá Limpia, se registraron la Adición 33 al Contrato 286 de 2018 por $2.721.600.000 y la Adición 34 por $1.837.739.382. Finalmente, Ciudad Limpia recibió la Adición 33 al Contrato 285 de 2018 por $4.415.040.000 y la Adición 34 por $1.287.828.693.
La conclusión es clara, la persistencia de los puntos críticos justifica adiciones contractuales sucesivas, lo que reduce los incentivos para solucionar el problema de fondo. Así, la basura en el espacio público se convierte en una fuente permanente de ingresos para operadores privados. Los puntos críticos no son solo un problema operativo, son el síntoma de un modelo de aseo que funciona financieramente para los privados, pero que fracasa en la protección del espacio público y de los recursos de Bogotá.
Este fracaso estructural no solo se expresa en el aumento del gasto público y en la normalización de la emergencia, sino también en el impacto directo sobre la población recicladora de oficio. La incapacidad de la administración Galán para estructurar una solución integral obligó a las organizaciones de recicladores a acudir a la Corte Constitucional para solicitar un amparo que salvaguardara sus derechos y su mínimo vital, una situación que evidencia la omisión del Distrito frente a obligaciones en el marco de la sentencia T-724 de 2003 plenamente conocidas.
Producto de esa acción judicial la Corte emitió el Auto 2059 de 2025, donde permite la continuidad del modelo actual mientras se estructura un nuevo modelo. Como consecuencia de esta acción judicial, la UAESP, a espaldas de la población recicladora de oficio, prorrogó los contratos de los operadores vigentes hasta noviembre de 2027. Esta decisión, lejos de representar una solución estructural, implica la continuidad del modelo actual y la prolongación de un esquema que sigue condenando a Bogotá a funcionar como un botadero a cielo abierto.