En un contexto donde la crisis económica y social de Colombia se agrava cada día, el presidente Gustavo Petro ha decidido recurrir una vez más a la herramienta del estado de emergencia económica para enfrentar la crisis climática y humanitaria que afecta principalmente a la región de Córdoba.
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Sin embargo, lo que Petro presenta como una solución urgente es, en realidad, un parche que solo profundiza la incertidumbre económica y una nueva muestra de improvisación por parte de un gobierno que ha demostrado poca capacidad de gestionar de manera eficiente los recursos públicos.
Petro ha anunciado que con la nueva emergencia económica busca recaudar $8 billones de pesos a través de nuevos impuestos. Al principio, habló de una cifra de $16 billones de pesos, la misma cantidad que pretendía obtener con la emergencia económica decretada el pasado 22 de diciembre, pero que la Corte Constitucional suspendió temporalmente mientras se estudiaba su legalidad.
¿De dónde surge la necesidad de $8 billones de pesos? Es crucial que el Gobierno nos muestre el detalle de esas cuentas. La suma parece desproporcionada y merece una auditoría externa. Lo que para muchos parece claro es que el Gobierno sigue improvisando sin una estrategia fiscal sólida y coherente, lo que genera aún más desconfianza en los colombianos.
Además, la cifra de $8 billones es sospechosamente cercana a los recursos que el gobierno de Petro está dispuesto a obtener de los nuevos impuestos a la clase media y baja del país, mientras que se ha negado a considerar una alternativa mucho más sensata: el uso de los recursos que están congelados en las regalías.
Los gobernadores, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND), propusieron utilizar los $6 billones de pesos que están disponibles en los saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías, una propuesta que Petro ha desestimado de manera errónea y sin justificación. Estos recursos están, en muchos casos, destinados a ciencia, tecnología e innovación, pero también al cuidado del medio ambiente, y ante una emergencia como la que enfrentan millones de colombianos, la prioridad debería ser la atención inmediata de los afectados, no aferrarse a recursos que no se están usando y no se van a usar en este Gobierno.
En lugar de aprovechar esta oportunidad para liberar recursos que ya están disponibles, el presidente Petro prefiere continuar con su agenda fiscal, que no solo es irresponsable, sino que también resulta destructiva para la clase media y las empresas colombianas.Mientras tanto, las entidades públicas del gobierno Petro celebraron contratos por $37 billones de pesos en enero, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. El ‘empleo militante’ antes de las elecciones.
Esta contratación directa, que ha estado bajo la lupa debido a su falta de transparencia, es un claro ejemplo de cómo el Gobierno ha manejado los recursos sin control, desviando dinero que podría haberse destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones.
Es tan grave lo que está pasando que la Contraloría General de la Nación alertó que el gobierno de Gustavo Petro firmó acuerdos públicos por un total de 14 billones de pesos, lo que representó casi el doble de lo contratado en la era de Iván Duque, que llegó a 8 billones de pesos. Las entidades de orden nacional que contrataron por mayor valor fueron: el Sena, con 1.72 billones; el ICBF, con 1.26 billones; y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con 0,76 billones.
Este tipo de contrataciones masivas y sin supervisión es precisamente lo que ha llevado a muchos colombianos a desconfiar del manejo de los recursos públicos por parte de este Gobierno. A esto se suman las denuncias de corrupción que ya han salpicado a varios miembros del gabinete de Petro, quienes, lejos de buscar soluciones efectivas, siguen enredados en procesos administrativos que no hacen sino entorpecer la atención de los verdaderos problemas del país. Mientras el presidente Petro busca imponer nuevos impuestos, el Gobierno sigue perdiendo credibilidad por la falta de claridad y la constante improvisación.
No solo estamos ante una crisis que exige una respuesta eficiente, sino ante un gobierno que ha demostrado ser incapaz de gestionar los recursos del país de manera responsable. En lugar de seguir recurriendo a la emergencia económica como solución a todos los problemas, el Gobierno debe empezar a priorizar el uso eficiente de los recursos ya disponibles, como las regalías, y dejar de endeudar a Colombia con más impuestos que solo agravan la situación de la población.
Es hora de que el presidente Petro tome una decisión responsable y ponga en práctica una gestión que sea coherente con las necesidades reales de los colombianos. La emergencia económica que propone no es la solución; lo que necesitamos es un plan coherente, responsable y transparente que dé respuestas rápidas y eficaces a los desastres naturales, pero también que respete la autonomía territorial y no agote más a la clase media de este país, esa que el ministro del Interior dice que no existe para poder oprimirla cada día más.