En la actual administración distrital, las llamadas “megatomas” se han convertido en un símbolo de la respuesta institucional a la inseguridad: operativos de gran despliegue, amplia presencia de entidades y un relato de “recuperación del territorio”. El problema no es que el Estado intervenga; el problema es que, cuando una estrategia se presenta como columna vertebral de la seguridad urbana, debe probar resultados verificables y sostenidos. Hoy, con las cifras oficiales a octubre de 2025 y con las respuestas formales de la Secretaría de Seguridad, la conclusión política es evidente: las megatomas están funcionando más como un instrumento de gestión del corto plazo (y de comunicación) que como una estrategia eficaz para reducir de manera estructural la violencia y el delito que padecen cotidianamente los bogotanos.
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El balance delictivo acumulado enero–octubre de 2025 muestra, sí, reducciones en varios delitos de alto impacto: extorsión (-16,8%), hurto a automotores (-24,5%), hurto a motocicletas (-17%), hurto a comercio (-24%) y delitos sexuales (-9,8%). Pero el corazón del problema urbano (lo que determina percepción, rutina y miedo) no mejora. Por el contrario, aumentan tres indicadores masivos y altamente sensibles: el hurto a personas crece 3,9% (113.148 casos), la violencia intrafamiliar sube 16,7% (42.716 casos) y las lesiones personales aumentan 11,5% (17.717 casos). Incluso el homicidio, que suele usarse como “bandera” de éxito, cae apenas 0,5% (de 979 a 974), un cambio marginal para sostener narrativas de transformación. En octubre, además, el hurto a personas aumenta 10,2% frente al mismo mes del año anterior. En otras palabras: mientras la administración exhibe descensos parciales, los delitos que definen la experiencia diaria de inseguridad siguen al alza.
Este contraste alimenta una crítica política de fondo: las megatomas pueden estar empujando un reacomodo del delito más que su reducción. Cuando caen algunos hurtos (por ejemplo a comercio o automotores) pero sube el hurto a personas, la lectura plausible es un desplazamiento hacia víctimas “blandas” (peatones, usuarios de transporte, espacios de alta circulación) donde el riesgo para el delincuente es menor y el beneficio inmediato. Esta dinámica es típica de intervenciones intensivas en presencia y control sin acompañamiento robusto de investigación criminal, judicialización efectiva y acciones sostenidas de prevención. Una ciudad no se pacifica con operativos episódicos: se estabiliza cuando la probabilidad de sanción real aumenta, cuando se desarticulan redes, y cuando se intervienen los factores que producen violencia en barrios y entornos específicos.
Una respuesta que obtuvimos por medio de derecho de petición refuerza la inquietud: los resultados reportados se concentran en “productos” operativos (registros, verificaciones, inspecciones, incautaciones, suspensiones temporales de establecimientos y capturas puntuales). Esa información sirve para describir actividad institucional, pero no sirve, por sí sola para demostrar impacto estratégico. Lo que no aparece de forma sistemática es lo realmente decisivo: cuántas capturas terminan en imputaciones, medidas de aseguramiento y condenas; cuántas estructuras se desmantelan; cuánto baja el delito en el área intervenida durante semanas o meses; si hay o no desplazamiento a zonas contiguas; y cuál es el costo-efectividad real de movilizar múltiples entidades en jornadas masivas. Así, la estrategia queda medida por volumen (cuántos operativos, cuántos registros) y no por resultado (cuánta violencia se evitó, cuánta reincidencia se redujo, cuánta victimización cayó).
La crítica se vuelve más severa cuando la Secretaría reconoce, en respuesta formal, que no cuenta con una metodología para evaluar impacto causal de las megatomas. No hay diseño pre/post con ventanas claras, no hay “zonas de comparación” sin intervención, no hay estudios robustos de desplazamiento del delito y, además, se señala que la planeación y evaluación operativa descansan principalmente en la Policía Metropolitana. Esta admisión no es una discusión técnica menor: es la diferencia entre una política pública seria y un dispositivo de exhibición institucional. Si la entidad responsable de orientar la política de seguridad no puede demostrar, con método, que su intervención territorial mejora el territorio, entonces el debate deja de ser “si a uno le gustan o no las megatomas” y pasa a ser “por qué se invierten recursos públicos sin estándares verificables de efectividad”.
A esto se suma una debilidad estructural del dato que hace casi imposible evaluar lo territorial con rigor. En el boletín oficial de octubre de 2025 se advierte un aumento de registros “sin localización” que afecta la comparabilidad, y también se reconoce la imposibilidad de trabajar a nivel de UPL por ausencia de variables geográficas como latitud y longitud. El problema no es abstracto: en lesiones personales, por ejemplo, en el mes de octubre aparece un volumen extraordinariamente alto de registros “sin localización”, lo que desfigura cualquier intento de medir qué pasa exactamente “donde se intervino”. Ejecutar una estrategia territorial sin herramientas públicas robustas para medir territorialmente no solo debilita la rendición de cuentas: desarma la capacidad de corregir el rumbo con evidencia.
Además, los indicadores de conflictividad y convivencia que acompañan el boletín no sostienen un relato de “control territorial” logrado. A octubre de 2025, los reportes ciudadanos al NUSE 123 asociados a riñas aumentan (3,79%) y también crecen los asociados a narcóticos (10,69%), ruido (31,1%) y disparos (8,69%). Crecen, además, medidas correctivas por porte de armas y por consumo/venta de SPA (35,49% y 133,8% respectivamente). Estas tendencias son coherentes con una ciudad tensionada, con conflictividades que requieren prevención, mediación y política social sostenida, no únicamente operativos de choque.
Así se puede sintetizar nuestra crítica a esa politica: se ha privilegiado una seguridad de “escena”, visible, intensa, fotografiable, por encima de una seguridad de “proceso” menos vistosa, pero efectiva, que exige investigación criminal, seguimiento judicial, intervención social, coordinación comunitaria y metas evaluables. El riesgo es terminar administrando la inseguridad como narrativa: anunciar semanas “buenas”, exhibir incautaciones, multiplicar jornadas, mientras los delitos cotidianos y las violencias del hogar y la calle continúan deteriorándose. La seguridad no se mide por la cantidad de operativos, sino por la reducción sostenida de la victimización y por la capacidad de prevenir el daño.
¿Qué exigimos desde el control político? Primero, definición y trazabilidad: qué cuenta como megatoma, con inventario público de fecha, lugar, objetivos y entidades, sin esconderse tras generalidades. Segundo, costos reales: no basta decir que “no hay presupuesto específico” si hay actividades financiadas y recursos asignados; se requiere costo por intervención y costo-efectividad. Tercero, resultados verificables: capturas certificadas, judicializaciones, procesos y resultados en Fiscalía; no solo “registros” e “incautaciones”. Cuarto, evaluación mínima viable: medición pre/post, territorios comparables, análisis de desplazamiento y publicación periódica de hallazgos. Y quinto, enfoque integral: si VIF y lesiones personales aumentan, la política debe responder con prevención y atención efectiva, no solo con presencia policial.
Bogotá necesita una política de seguridad que resista el examen de la evidencia. Las megatomas, tal como están hoy, no cumplen ese estándar: son intensas en despliegue, débiles en evaluación y insuficientes frente a los delitos y violencias que más golpean a la ciudadanía. De fondo queda la pregunta ¿Por qué el alcalde galán sostiene a alguien incapaz de presentar resultados (no importa la medición que se use)? También para ello tenemos una hipótesis: porque el secretario de seguridad es una cuota de ProBogotá, el gremio privado que realmente gobierna la ciudad.