Hoy los alcaldes de Colombia enfrentan uno de los mayores retos de gobernanza de los últimos años, no solo por la complejidad de los problemas locales, sino por la evidente falta de respaldo del Gobierno de Gustavo Petro. Administrar una ciudad nunca ha sido una tarea sencilla, pero en el contexto actual parece casi imposible. Mientras el presidente insiste en un discurso de “cambio”, muchos alcaldes y gobernadores del país —sin importar su filiación política— sienten que gobiernan solos, cargando sobre sus hombros responsabilidades que superan ampliamente sus competencias y recursos.
La seguridad ciudadana, la movilidad, la crisis fiscal y la atención social no son problemas ideológicos ni partidistas; son realidades que afectan por igual a todos los territorios. Sin embargo, el respaldo del Ejecutivo parece condicionado a afinidades políticas. Mandatarios locales que no comulgan con la visión del presidente han denunciado trabas administrativas, retrasos en la asignación de recursos y una preocupante falta de coordinación institucional. En lugar de cooperación entre niveles de gobierno, lo que se percibe es una relación marcada por la desconfianza y la confrontación.
En este contexto, para los alcaldes y gobernadores, la declaratoria de la emergencia económica —hoy suspendida por la Corte Constitucional y seriamente cuestionada— es un decreto que podría afectar la autonomía financiera y administrativa de departamentos y municipios, limitando la ejecución de proyectos estratégicos y el cumplimiento de funciones constitucionales. 17 de los 32 gobernadores del país se han opuesto públicamente al decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, advirtiendo que vulnera la autonomía fiscal de las regiones.
El caso de Bogotá resulta particularmente ilustrativo. Desde el inicio de la actual administración distrital, el presidente Petro ha mantenido una postura crítica y, en varios momentos, abiertamente obstructiva frente a las decisiones del alcalde Carlos Fernando Galán.
El proyecto del Metro de Bogotá es el ejemplo más evidente. Mientras la obra avanza, el jefe de Estado ha calificado públicamente el metro elevado como un “daño estructural” para la ciudad, ha cuestionado su diseño y, de forma aún más grave, ha planteado la posibilidad de demoler parte de la infraestructura ya construida para convertirla en subterránea, pese a reconocer que los recursos públicos ya han sido ejecutados.
Estas declaraciones, anuncios contradictorios y disputas políticas permanentes, ponen en entredicho la estabilidad financiera y la continuidad de una obra estratégica, que afecta no solo a la administración distrital, sino a millones de ciudadanos que esperan soluciones reales de movilidad.
A esto se suman otros choques como el de la marcha del 18 de marzo de 2025, y la crisis del agua, frente a las cuales Petro arremetió contra el alcalde Galán por no acogerse al día cívico, y lo responsabilizó del desabastecimiento. Este episodio muestra una relación marcada por la constante descalificación política, la falta de coordinación institucional, y la necesidad imperante de Petro de imponer sus lineamientos sobre la capital.
Las decisiones reiteradas del presidente han terminado por generar una reacción de líderes regionales que rechazan una forma de gobernar basada en la imposición ideológica. El resultado de esto es una creciente tensión entre la Nación y los territorios, que debilita la autonomía local y afecta la eficiencia de la administración pública en todo el país.
Colombia necesita menos pulsos de poder y más respeto por la institucionalidad. El presidente Gustavo Petro no solo ha desaprovechado la oportunidad de gobernar para todos los territorios, sino que ha optado por confrontarlos y debilitarlos cuando no le son políticamente afines.
Abandonar a alcaldes y gobernadores no es un error menor, es una decisión que castiga directamente a los ciudadanos y pone en riesgo la gobernabilidad. Persistir en ese camino tendrá un costo político inevitable, porque ningún proyecto de poder puede sostenerse sobre el debilitamiento de las regiones ni sobre el desconocimiento de su autonomía.