Bogotá enfrenta desde hace años una tensión constante entre la garantía del derecho al trabajo y la responsabilidad del Estado de proteger el espacio público como un bien colectivo. Este debate no puede seguir reducido a un falso dilema entre “perseguir vendedores” o “abandonar a quienes buscan subsistir”.
La realidad es compleja y exige una postura clara: la informalidad desbordada está generando un daño profundo a la ciudad y la única salida sostenible es apostarle a la legalidad y a la formalización.
Se ha romantizado la ocupación del espacio público como una expresión de rebusque, sin detenerse a analizar sus impactos reales. Defender la formalidad no significa desconocer la necesidad de miles de personas que buscan ingresos; por el contrario, implica evitar que esa necesidad termine siendo aprovechada por redes ilegales y que el costo lo asuman todos los ciudadanos.
El espacio público no es tierra de nadie ni un recurso infinito: es un bien común que, cuando se deteriora, afecta con mayor fuerza a quienes menos tienen.
La Administración Distrital ha insistido en que la recuperación del espacio público no responde a un capricho ni a una lógica sancionatoria, sino a la obligación de garantizar el tránsito seguro de peatones, la accesibilidad universal y una convivencia mínima. Las cifras respaldan esta afirmación.
En 2024 se logró la recuperación de 626,722 metros cuadrados de espacio público. No se trata de una intervención menor: es una transformación urbana con efectos directos sobre la movilidad, la seguridad y la calidad de vida.
Uno de los casos más evidentes es la carrera Séptima, un corredor que hoy refleja las consecuencias de la ocupación descontrolada. Entre las calles 10 y 26 se identificaron, en 2025, 1,142 personas que desarrollan actividades económicas en el espacio público.
Esto significa un vendedor informal cada 1.3 metros. El resultado es evidente: andenes colapsados, peatones obligados a caminar por la vía, barreras permanentes para personas con discapacidad y un deterioro progresivo del entorno urbano.
Pero el problema no se limita a la incomodidad o al desorden visual. Detrás de buena parte de esta ocupación existen estructuras ilegales que se lucran del caos. Bandas organizadas se apropian del espacio público, venden puestos, alquilan carpas y cobran cuotas periódicas a los vendedores, muchas veces mediante amenazas y extorsiones.
Según el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), en zonas como San Victorino estos cobros pueden alcanzar hasta los $16 millones de pesos. En ese punto, la informalidad deja de ser supervivencia y se convierte en explotación sistemática. Además, si los vendedores informales tienen con qué pagar $16 millones de arriendo, no son personas vulnerables.
Estas dinámicas someten a personas vulnerables a redes de abuso. Se han identificado ocupaciones ilegales incluso en estructuras de gran tamaño ubicadas en entradas de centros comerciales, con afectaciones directas al tránsito peatonal.
A esto se suma un factor aún más grave: el microtráfico. En medio de carretas, carpas y fogones, distintos operativos han encontrado drogas, armas blancas y armas de fuego. El espacio público ocupado sin control termina convertido, en muchos casos, en escenario ideal para otras economías ilegales.
Las aglomeraciones bloquean andenes, salidas de emergencia o hidrantes y dificultan la atención de incendios, accidentes y evacuaciones. Recuperar el espacio público es una medida de prevención del riesgo y protección de la vida, especialmente en zonas de alta afluencia peatonal.
La informalidad, además, tiene una relación estrecha con el contrabando. En el 2024, un operativo hecho en San Victorino dejó al descubierto cerca de 500,000 prendas con un valor estimado de $15,000 millones de pesos, mercancía equivalente a ocho contenedores, resultado de una acción conjunta entre el Ministerio de Comercio, la DIAN, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Policía Aduanera.
El espacio público se ha convertido en vitrina para productos ilegales que evaden impuestos y alimentan redes de lavado de dinero. Es una competencia desleal para quienes cumplen la ley, pagan impuestos y generan empleo formal.
Por eso es fundamental insistir en una idea incómoda pero necesaria: la informalidad no puede seguir presentándose como sinónimo de emprendimiento cuando se impone sobre los derechos colectivos.
La recuperación del espacio público no debe entenderse como una política de expulsión, pero tampoco puede sostenerse en la tolerancia improvisada. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, y una de ellas es afirmar que el espacio público no está en discusión.
Iniciativas como el Decálogo para la Convivencia, la Sostenibilidad y el Uso Responsable del Espacio Público, impulsado por el IPES, demuestran que sí existe un camino distinto: legalidad, respeto por las normas, seguridad y transición hacia actividades económicas estables. Apostarle a la formalidad no desconoce la realidad social; al contrario, ofrece una salida digna y sostenible.
Bogotá necesita una ciudad que funcione, que sea caminable, segura y equitativa. Y eso solo será posible si entendemos que el espacio público es de todos y que la legalidad no es el problema: es la solución.