Colombia no está atravesando una simple discusión técnica o ideológica sobre el sistema de salud. Está enfrentando una emergencia humana que se expresa todos los días en hospitales colapsados, en médicos desbordados y, sobre todo, en pacientes que no reciben atención a tiempo.
Hoy hay personas que mueren esperando medicamentos. Pacientes que fallecen aguardando una cita especializada. Madres que no logran acceder a tratamientos para sus hijos. Adultos mayores que recorren hospitales y farmacias sin obtener respuestas. Esta realidad no distingue filiaciones políticas, ni regiones: golpea por igual a todo el país.
Durante meses hemos visto una red hospitalaria al límite. Hospitales públicos con deudas insostenibles, servicios en riesgo de cierre, urgencias saturadas y personal de la salud trabajando en condiciones extremas. No se trata de hechos aislados, ni de fallas locales: es una crisis nacional.
Y frente a esta situación es necesario decirlo con claridad: la salud no colapsó sola, esta crisis tiene responsables.
Las decisiones estructurales del sistema de salud son competencia del Gobierno Nacional. Los lineamientos, los flujos de recursos, los procesos de reorganización institucional y la sostenibilidad financiera dependen del Ministerio de Salud.
Lo que hoy ocurre en los hospitales no es producto del azar, ni de la casualidad: es consecuencia directa de decisiones mal diseñadas y de compromisos que no se cumplieron.
Hablar desde la experiencia importa. Como exgobernador, tuve que administrar una red hospitalaria quebrada. Recibí hospitales con deudas acumuladas, embargos y riesgo real de cierre. Desde el gobierno departamental hicimos lo que correspondía: buscamos recursos, destinamos dinero propio, pagamos obligaciones atrasadas y mantuvimos abiertos los servicios esenciales.
Lo hicimos confiando en la palabra del Ministerio de Salud, que se comprometió a acompañar financieramente procesos de reorganización que él mismo había definido. Ese acompañamiento nunca llegó.
En Sucre se ordenó una fusión hospitalaria con la promesa explícita de recursos nacionales para garantizar su viabilidad. Advertimos que una fusión sin respaldo financiero era un error grave, pero aun así actuamos de buena fe, priorizando la continuidad del servicio. Con el tiempo quedó claro que lo ocurrido en Sucre no fue una excepción: fue una señal temprana de una crisis que hoy se replica en múltiples regiones del país.
La situación actual de hospitales en Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y en varios hospitales universitarios demuestra que el problema no es local, ni coyuntural. El modelo fracasó porque se impuso sin financiación suficiente, sin diálogo real con las regiones y sin asumir responsabilidades una vez aparecieron las consecuencias.
Este no es un ataque personal al presidente, ni a quienes respaldaron su proyecto político. Muchos colombianos creyeron —con razones válidas— que el sistema de salud podía mejorar. El problema es que las decisiones adoptadas desde el Ministerio están erosionando esa expectativa y poniendo en riesgo no solo la atención en salud, sino la credibilidad del propio Gobierno.
Cuando un ministro falla, no cae únicamente un sector. Se afecta la confianza institucional y se compromete la viabilidad de un proyecto de gobierno entero.
La salud no puede ser tratada como un experimento ideológico, ni como un campo para la improvisación. Requiere técnica, responsabilidad fiscal, capacidad de ejecución y, sobre todo, cumplimiento. Requiere entender que detrás de cada indicador financiero hay personas que dependen del sistema para vivir.
Colombia necesita menos confrontación política y más soluciones concretas. Menos anuncios y más ejecución. Menos promesas incumplidas y más respeto por los pacientes, los médicos y las regiones.
La salud no aguanta más. Y el país necesita respuestas claras, responsables y urgentes.