Colombia vive un desgaste silencioso que se siente en lo cotidiano, en esa sensación de que casi nada fluye como debería. Todo parece tardar un poco más de lo razonable, desde lo mínimo hasta lo esencial. Para hacer cualquier cosa hay que esperar, insistir, volver, preguntar; para resolver lo más simple hay que atravesar un laberinto que consume energía que debería estar dedicada a vivir mejor. En un país así, el bienestar se vuelve frágil, casi un privilegio, y uno no puede evitar preguntarse quién está disfrutando realmente su día a día. ¿Qué tan distinta sería nuestra vida si el Estado funcionara a la velocidad de la gente y no al revés?
Ese malestar nos concierne a todos, aunque de formas diferentes. Los jóvenes se preguntan si este es un lugar donde vale la pena construir un proyecto de vida. Y cuando la generación más preparada de nuestra historia, la que más acceso ha tenido a educación y herramientas, siente que la única ruta hacia la estabilidad es mirar hacia afuera, algo profundo está fallando adentro. Pero si hablamos de futuro también debemos hablar de quienes ya vivieron el suyo aquí, de quienes trabajaron décadas creyendo en un país que hoy les responde con demoras, silencios y un sistema que no siempre acompaña con la dignidad que merecen.
El envejecimiento poblacional es uno de los retos más urgentes y menos discutidos. En 2023 había más de 7,6 millones de personas mayores de 60 años, y el 84,8% vive con más de una enfermedad crónica. Más de la mitad depende del régimen subsidiado y las enfermedades circulatorias siguen siendo la principal causa de muerte. Cerca del 14% enfrenta depresión o ansiedad, y hasta un 8,5% vive con demencia o Alzheimer. La pandemia agravó la soledad y el deterioro mental de quienes ya vivían situaciones complejas.
Aunque existen programas útiles en algunas ciudades, son insuficientes y, sobre todo, lejanos para quienes necesitan atención en su propio territorio. La vejez no debería ser una etapa de obstáculos, pero entre citas aplazadas, tratamientos que tardan y oportunidades laborales casi inexistentes para quienes aún quieren aportar, muchos sienten que el país les dio la espalda justo cuando más lo necesitaban.
Por eso, si queremos que la vejez sea un momento seguro y activo, debemos construir una atención que llegue al territorio: telemedicina real, cuidadores formados y opciones económicas para quienes aún quieren trabajar o emprender. No es asistencialismo, es visión de país. Honrar a quienes lo construyeron es también una forma de respetarnos como sociedad.
Y aquí aparece el punto que une esta problemática con todas las demás: la vida de un adulto mayor revela la capacidad real del Estado para responder. Porque, así como cuesta obtener una cita, también cuesta hacer un trámite, solicitar un permiso, emprender un negocio, denunciar un delito o resolver una diligencia básica. Lo que le pasa a una persona mayor es un espejo de lo que le pasa a cualquier ciudadano. El problema no es la edad; es la estructura.
Colombia es un país donde la burocracia se volvió parte del paisaje. Según el Índice de Burocracia en Iberoamérica, crear empresa requiere 690 horas y mantenerla exige 755 más. Son más de dos meses perdidos entre formularios, requisitos duplicados y plataformas que no conversan entre sí. ¿Cómo no desgastarse cuando avanzar depende de instituciones que avanzan más lento que la gente?
Las consecuencias están a la vista. El 54% de las personas no denuncia un delito porque no confía en que el sistema responda. Sectores que generan miles de empleos, como la construcción, pueden tardar hasta 1.745 días hábiles en trámites antes de iniciar una obra. Esa lentitud frena la inversión, la productividad y la vida cotidiana. La burocracia no es un trámite: es tiempo de vida que se pierde.
La salida no es un misterio. Es coordinación, interoperabilidad y austeridad real. Digitalizar lo que aún depende del papel, eliminar pasos que no agregan valor y depurar gastos que no sirven. Cuando las entidades se hablan entre sí y dejan de duplicar funciones, el país avanza. Y cuando el país avanza, la vida se vuelve más ligera para todos.
Pero incluso cuando los trámites fallan, el daño no termina ahí. Esa misma lentitud atraviesa otros ámbitos esenciales y se vuelve visible, casi dolorosamente, en la infraestructura pública que avanza demasiado despacio o que simplemente no avanza. La Contraloría ha identificado 1.468 proyectos críticos en todo el país. Prosperidad Social encontró 106 obras paralizadas solo en 2024 y, aunque logró finalizar 25, muchas siguen detenidas. Diversos análisis estiman que entre 6 y 20 billones de pesos podrían perderse en obras inconclusas o mal ejecutadas.
Cada obra abandonada golpea la confianza de una comunidad. Un colegio que no abrió. Una vía que no conectó. Un coliseo que nunca se estrenó. No es solo cemento sin terminar: es una promesa rota que afecta la vida diaria. La infraestructura necesita otra lógica, una donde toda obra pública sea completamente visible desde el contrato inicial hasta la entrega final, con avances, fotos, cronogramas y datos actualizados. La transparencia no es un castigo; es la herramienta más efectiva para que la plata alcance y para que las comunidades reciban lo que se les prometió.
Después de dos periodos en el Concejo de Bogotá confirmé que estos no son problemas dispersos. Son síntomas de un Estado que debe modernizarse si quiere responderle a un país que cambia más rápido que sus instituciones. Lo vi en la supervisión de contratos, en trámites que frenaban proyectos urgentes, en la falta de articulación entre entidades y en cómo las demoras terminaban afectando la vida real de la gente.
Renuncié al Concejo porque entendí que el problema no se resuelve solo en lo local y se necesitaba llevar esta experiencia a un nivel donde las soluciones pudieran convertirse en política nacional. Aspiro al Senado porque creo en un Estado que acompañe, que facilite, que no agote. Uno donde los mayores reciban atención en su territorio, donde emprender no sea una prueba de resistencia, donde producir no dependa de superar muros administrativos y donde cada obra pública se haga a la vista de todos.
Un Estado que funciona no es un detalle técnico. Es la base de un país que quiera retener a sus jóvenes, honrar a sus mayores y permitir que todos vivan con más tranquilidad que cansancio. Colombia merece ese futuro. Y es hora de construirlo con decisión.