La Alcaldía de Carlos Fernando Galán no ha sido capaz de presentar una propuesta seria, completa y técnicamente sustentada para el nuevo modelo de basuras en Bogotá. Debido a ello, la ciudad se prepara para entrar en un modelo de libre competencia en el servicio de aseo.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ya le ha tumbado dos veces los intentos de la administración por falta de rigor técnico, y ahora la Procuraduría General exhorta a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la UAESP a construir una hoja de ruta urgente para orientar esa transición.
El 11 de febrero de 2026 finaliza el actual esquema de concesión y comenzará un modelo donde las empresas competirán entre sí por la prestación del servicio.
En teoría, la libre competencia busca “eficiencia” y “mejor calidad”. En la práctica, termina privilegiando la rentabilidad sobre el bienestar colectivo. Las empresas podrían concentrarse en las zonas más lucrativas, dejando en segundo plano los barrios populares y periféricos, donde la recolección implica más costos y menos beneficios. El resultado es predecible: brechas de cobertura, acumulación de residuos y deterioro de las condiciones sanitarias. Justo lo que ya estamos viviendo en muchas localidades.
Mientras tanto, a nivel nacional, la CRA está empujando un nuevo marco tarifario de acueducto, alcantarillado y aseo. Y hay que decirlo sin titubeos: el país lo necesita.
Colombia solo aprovecha el 7 % de sus residuos; el servicio mueve más de 3,5 billones al año con tecnologías atrasadas; y Bogotá —que genera el 58 % de la basura urbana del país— sigue atada a un modelo que no admite innovación ni justicia para los recicladores.
La nueva regulación busca corregir ese rezago: incorporar incentivos reales a la economía circular, garantizar pago justo a los recicladores, reconocer el compostaje, la biodigestión y la captura de biogás, y devolver los recursos no ejecutados. En suma, un modelo más transparente, sostenible y eficiente.
Por supuesto que hay inquietudes de gremios y municipios, y deben atenderse. Pero eso no puede deslegitimar el corazón de la reforma: modernizar el servicio, proteger a los trabajadores y trabajadoras, impulsar tecnologías limpias y garantizar que la tarifa refleje costos reales, no intereses ni herencias burocráticas.
Bogotá no puede enfrentar 2026 con improvisación ni con dogmas de mercado. Modernizar el servicio es una urgencia ambiental, social y sanitaria. Y será la prueba de si esta ciudad está dispuesta a pensar su futuro más allá de los negocios.