Una y otra vez leemos y escuchamos sobre la importancia que implica que los países trabajen seriamente en incluir financieramente a sus ciudadanos. Los beneficios son múltiples: erradicación de la pobreza, promoción de la producción, una sociedad mejor protegida, crecimiento empresarial, circulación de capitales, creación de empleos, seguridad alimentaria, resiliencia social. Una gran variedad de estudios, trabajos, análisis, circulan alentando a los gobiernos a que generen mecanismos que impulsen la inclusión financiera. Las sociedades lo necesitan, el mundo de hoy lo exige.
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En Colombia, Banca de las Oportunidades, un programa del gobierno nacional que promueve la inclusión financiera, de acuerdo con sus estadísticas más recientes, indica que el acceso al sistema financiero a marzo 2022 de adultos corresponde a 91,2%, ósea que 33,9 millones de adultos colombianos poseen algún producto financiero; 76,2% activos o vigentes. Estas cifras resultan alentadoras, pues claramente evidencian que la gran mayoría de los colombianos están incluidos dentro del sistema financiero, y en consecuencia gozan en particular, y el país en general, de los beneficios que esta situación acarrea.
Por otro lado, un estudio reciente de Businesswire, analizó y clasificó a 42 mercados de acuerdo con indicadores de inclusión financiera; bajo la premisa de que el progreso económico y social mundial depende de incluir financieramente a la mayoría de la población; ubicó a Colombia entre los 10 mercados con peor puntuación, solo quedaron debajo Nigeria, Ghana y Argentina. El análisis se basó en el estudio de tres pilares fundamentales: apoyo gubernamental, el pilar de apoyo del sistema financiero, apoyo del empleador.
Resulta evidente que ambos reportes, si bien examinan lo mismo, lo hacen desde perspectivas diferentes, sin duda con una visión y definición muy distinta sobre lo que realmente significa inclusión financiera. Mi opinión es que, en ciertos temas, los números muestran un panorama abstracto de una realidad que no encaja con las cifras que concluyen; factores como bienestar, movimientos de capital y manejo del efectivo, poder adquisitivo, utilización y costos de productos financieros, niveles de pobreza, no pueden ser excluidos al realizar estos análisis.
Estas dos caras de una misma realidad, ambas verdaderas, insisto, depende de cómo queramos observar y medir las circunstancias. Lo anterior, me recuerda, a una situación que meses atrás aconteció con una persona que utilizó los servicios de la empresa que lidero. Una joven mujer, madre de tres hijos, se comunicó con nosotros con desesperación solicitando un crédito, necesitaba aproximadamente 80 mil pesos, pues debía comprar comida y pagar transportes. Trabajaba en una fábrica, y hacía solo tres días su empleador le había depositado en una cuenta bancaria su salario, para horas después, ella acudir a un cajero automático y retirar la totalidad del dinero en efectivo. Pagó servicios, pagó lo que había fiado en una tienda de barrio, pagó el alquiler, y por último pagó la deuda (20% interés semanal) que mantenía con un prestamista informal al cual recurría con regularidad.
Claro, le dimos el crédito, y hoy es una clienta que utiliza nuestra plataforma con regularidad. No cabe dudas que la inclusión financiera se traduce en ofrecerle a las personas una oportunidad para generar un acceso justo hacia la utilización de herramientas financieras que promuevan un bienestar económico real: ¡instrumentos ajustados a sus verdaderas necesidades! Aun hoy, a millones de colombianos, nadie les ha abierto un camino hacia la inclusión, y ellos lo merecen, porque sin importar la definición que utilicemos, la gran mayoría, si somos justos, cumple con sus compromisos.
*CEO y Fundador de MONET / Crédito para todos