El POT que hoy cursa su tránsito en el Concejo de Bogotá es una de esas normas que, entre enredadas y técnicas, hacen que usted como ciudadano le pierda el interés. Lo que tal vez no sabe es que se trata de la norma más importante que se aprobará en Bogotá para los próximos 12 años porque reglamenta su vida, la de su familia, su trabajo, define qué tipo de ciudad se va a construir, cuántas viviendas, las vías, el comercio, la industria, entre otro largo etcétera.
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Siendo una norma tan importante para nuestra vida, no se entiende el afán de su formulación. Los diagnósticos están incompletos, los debates han quedado inconclusos y la participación ciudadana ha sido cuestionada. Ahora hay un afán por aprobar el POT este año en el Concejo a como dé lugar, como si a partir del próximo año se acabara el mundo.
No deja de ser extraño que incluso antes de presentarse este documento al Concejo ya se hablaba de su aprobación inminente. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones durante los debates en la corporación son de preocupación y desacuerdo. Esto, señores concejales, más que un pulso o victoria política, es el futuro de nuestra ciudad, de nuestras familias y de todos como ciudadanos.
Como sector constructor hemos expresado las consecuencias de aprobar este POT como se radicó por parte de la Administración. Por un lado, más de 500 mil familias no encontrarán una vivienda formal en la ciudad y por lo tanto tendrán dos alternativas: por un lado, seguir en la informalidad, que no cumple con normas mínimas de seguridad, no vela por promover el espació público y no exige equipamientos como colegios, hospitales o parques, convirtiéndose en un incentivo directo a los terreros, enemigos número uno de la estructura ecológica principal. Y por el otro, emigrar a los municipios vecinos, sumando varias horas a sus ya viajes eternos para poder trabajar en nuestra ciudad. ¿Ciudad de 30 minutos? ¿Para quién?
Además, existen apuestas francamente cuestionables o contradictorias, como la prohibición de hacer apartamentos de una sola habitación (única ciudad en el mundo), desconociendo que los estudiantes, los solteros o las parejas jóvenes, por mencionar algunos ejemplos, buscan estas características en sus viviendas. El POT también desconoce que más que el área de la vivienda, lo que hoy más valoran las familias es la cercanía con las zonas que les interesa.
Se dice con mucho orgullo que ahora los constructores tendrán que pagar cargas, como si hoy en día no se hiciera. Bogotá es una de las ciudades donde se pagan las mayores cargas en todo el país. Incluso, hemos dicho que podría pagarse más, pero que no sean desproporcionadas, expropiatorias y confiscatorias, como se especifica en este proyecto.
La consecuencia obvia de este tipo de normas es que el precio de la vivienda que hoy es alto subirá aún más, y la vivienda social que tiene un precio fijo no se podrá construir, o por lo menos no al nivel que lo necesita Bogotá.
Lo anterior es grave, no solo por el efecto de no generar las viviendas que necesitan un millón de nuevos hogares –según el Dane–, sino también por el espacio público, los equipamientos, parques, colegios, hospitales y vías que dependen en gran medida de lograr estos proyectos.
Claro que nuestro sector tiene una gran responsabilidad en la construcción de ciudad sostenible, pero no puede ser siempre juzgado como el malo del paseo. Como todas las actividades formales, el sector se rige bajo las reglamentaciones y decisiones políticas que se toman. Por eso, hemos reiterado nuestra preocupación ante el POT que se estudia actualmente en el Concejo.
Es importante que al analizar y revisar el documento se tenga en cuenta que somos una actividad importante para la reactivación económica de la ciudad, donde actualmente más de 500 mil familias dependen de manera directa o indirecta de un empleo en el sector y cientos de empresas venden sus insumos ($3 billones al año) a las obras que tenemos hoy en Bogotá.