Ya pasaron tres meses desde el terremoto que sacudió a varias regiones de Colombia y las cuentas sobre la reconstrucción siguen generando conversación. Esta vez fue el Pacto Histórico el que le pidió explicaciones al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y puso bajo la lupa el manejo de las donaciones relacionadas con la fundación de su esposa, Ana Lucía Pineda.
En un pronunciamiento publicado este 10 de noviembre, el movimiento político planteó 12 preguntas sobre el Fondo Milagro, la contratación para atender la emergencia, las ayudas a las familias damnificadas y los recursos recibidos por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.
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Uno de los principales interrogantes apunta directamente a los $54.589 millones que la organización encabezada por la primera dama reportó como recursos recibidos, administrados y canalizados luego de la emergencia.
“¿Qué ha pasado con los $54.589 millones reportados como donaciones por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?”, cuestionó el Pacto Histórico.
Según el movimiento, alrededor de $6.400 millones aparecen en un encargo fiduciario y cerca del 88 % estaría pendiente de ejecución. También cuestionó que el informe conocido no contenga extractos bancarios, un detalle completo de los donantes ni un cronograma preciso para ejecutar los recursos.
La discusión sobre las donaciones no es nueva. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas publicó en octubre un informe de gestión en el que aseguró haber recibido más de $54.500 millones provenientes exclusivamente del sector privado.
La organización sostiene que la mayor parte de esos recursos sigue disponible y está reservada para la etapa de reconstrucción. Además, informó que aproximadamente el 81 % de los fondos proviene de un aporte de la familia Gilinski destinado específicamente a reconstruir instituciones educativas y de salud en Cali.
El Pacto Histórico también preguntó por qué fue necesaria una acción judicial para obtener información más detallada de esas donaciones.
El senador Alejandro Ocampo había presentado una tutela después de solicitar respuestas a un cuestionario sobre la administración de los recursos. Posteriormente, un juzgado ordenó a la fundación complementar la información suministrada, aunque no obligó a revelar datos que jurídicamente estuvieran protegidos.
Las preguntas no se limitan a la primera dama. El Pacto Histórico quiere conocer cuánto dinero ha ejecutado realmente el Fondo Milagro, por qué una parte importante de los contratos identificados para enfrentar la emergencia se habría adjudicado directamente y cuáles son las condiciones bajo las que se administran los recursos.
El Gobierno creó formalmente este fondo en septiembre como un patrimonio autónomo encargado de centralizar y financiar la reconstrucción de las regiones afectadas. Presidencia ha sostenido que los recursos tendrán mecanismos de trazabilidad desde su ingreso hasta la ejecución.
Así las cosas, la discusión ahora pasa por saber cuánto del dinero anunciado ya llegó efectivamente a las comunidades y cuánto continúa reservado para la reconstrucción. Por ahora, las preguntas del Pacto Histórico no constituyen prueba de irregularidades, pero aumentan la presión para que el Gobierno y la fundación de Ana Lucía Pineda entreguen información detallada sobre cada peso recaudado y ejecutado.