El Gobierno Nacional, por medio de una acción conjunta entre el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, emitió una alerta oficial sobre la situación de 5.832.906 comparendos de fotodetección que deben ser revocados y habilitó la ruta legal para que los ciudadanos exijan la devolución de su dinero. La advertencia cobró fuerza tras una investigación administrativa que demostró que 37 organismos de tránsito del país operaron estas cámaras sin cumplir los requisitos técnicos obligatorios del Instituto Nacional de Metrología entre 2018 y 2024.
>>>(VEA: Medicina Legal reveló de qué habría muerto Yulixa Toloza y el impactante estado de su cuerpo al ser encontrada)<<<
La indagación arrojó que múltiples dispositivos funcionaron sin el concepto de desempeño obligatorio, trabajaron con avales expedidos a terceros o los obtuvieron de manera extemporánea. El rastreo detectó más de 7,5 millones de sanciones bajo estas presuntas irregularidades, afectando de forma directa la economía y el sustento de los conductores en las principales capitales y municipios del territorio nacional.
“Los ciudadanos no pueden pagar las consecuencias”
Frente a las anomalías detectadas en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, las carteras del Gobierno se pronunciaron para frenar los cobros indebidos y garantizar la protección de los trabajadores y conductores del país. La ministra de Transporte, María Fernanada Rojas, fue enfática al respecto:
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, aseguró la alta funcionaria.
Las autoridades de tránsito locales que resulten responsables no solo deberán reintegrar el dinero cobrado a los usuarios, sino que se exponen a multas que duplican el valor de lo recaudado ilegalmente, lo que superaría un castigo económico de 2,1 billones de pesos, de acuerdo con la Ley 2251 de 2022.
El paso a paso oficial para limpiar su historial o recuperar el dinero
Para los ciudadanos que registren infracciones tecnológicas vigentes dentro de los periodos bajo investigación, las autoridades explicaron el procedimiento a seguir. Si el comparendo no ha sido cancelado, la instrucción es abstenerse de pagar, ya que la Supertransporte ordenó que estos registros sean eliminados de oficio de las bases de datos y del SIMIT.
Por su parte, Antonio Sanguino, actual ministro de Trabajo, también se pronunció y detalló las acciones legales exactas que tienen a la mano los conductores que ya desembolsaron sus recursos económicos:
“¡Atención! Si pagó o tiene pendiente un comparendo por fotomulta impuesto por alguno de los organismos de tránsito incluidos en el listado adjunto, usted podría tener derecho a lo siguiente:
1. Si ya pagó la fotomulta, puede solicitar la devolución del dinero junto con los intereses retroactivos, mediante acciones jurídicas como un derecho de petición.
2. Si el comparendo no ha sido pagado, debe verificar ante el respectivo organismo de tránsito que este haya sido eliminado de sus registros”.
Para saber con certeza si su infracción forma parte del grupo de cobros irregulares, debe revisar el cronograma de fechas específicas establecido por las autoridades de control. A nivel nacional, las cámaras bajo investigación operaron entre los años 2018 y 2024 en 37 organismos de tránsito, incluyendo capitales principales como Cali (con 2,7 millones de fotomultas bajo la lupa), Medellín (717.000), Bogotá (294.000) y Barranquilla (131.000), además de municipios como Soledad, Palmira, Montería, Cartagena y Santa Marta, entre otros, conózcalos aquí:
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres Olave, aclaró que la próxima semana se revelará la evaluación de otras 758 cámaras instaladas recientemente, con el fin de asegurar que el uso de la tecnología en las vías se ajuste estrictamente a la legalidad y no golpee de forma injusta las finanzas de los colombianos.