La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado tomó la decisión de suspender en su totalidad el decreto emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro que pretendía hacer que los fondos privados de pensiones trasladaran una suma superior a los $ 25 billones de pesos a Colpensiones.
(Lea más sobre esta controversia dando clic en: Petro estalló contra el Consejo de Estado por freno a Colpensiones: “Les permite robar a los banqueros ”).
En su decisión, la alta corte señaló que esta suspensión es de carácter provisional y que estudiará el asunto para tomar una decisión de fondo sobre la medida adoptada por el Gobierno Nacional.
Vale decir, además, que el Consejo de Estado ya había congelado el traslado de los 25 billones de pesos. Sin embargo, con esta nueva decisión fue suspendida la totalidad del decreto.
¿A quiénes correspondían los ahorros pensionales que pretendían trasladar?
Este dinero que pretendían trasladar corresponde a los ahorros pensionales de las personas que habían pasado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media.
En el suspendido decreto señalaron que sería un “giro de recursos de las cuentas de ahorro individual a Colpensiones en virtud de la oportunidad de traslado del artículo 76 de la ley 2381 de 2024 de quienes no han consolidado el derecho”.
Las personas que habían aprovechado esa oportunidad eran mujeres que llevaban al menos 750 semanas cotizadas u hombres que contaban con por lo menos 900 semanas. Estas personas, además debían estar a menos de diez años de alcanzar la edad de pensión tras la promulgación de la ley.
Petro ya reaccionó a la decisión del Consejo de Estado
A través de su cuenta oficial, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión tomada por el Consejo de Estado contra el decreto expedido por su gobierno.
“El concejo de estado (SIC) acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador. La constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano. El pueblo trabajador debe decidir sobre el poder, no solo sobre el gobierno”, puntualizó el primer mandatario.