El proceso penal contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes electorales en 2022 entró en una pausa táctica. La Fiscalía General de la Nación dijo y acusó al exgerente de la campaña ‘Petro Presidente’ de ocultar más de COP 345 millones de pesos y de exceder conscientemente los límites legales de financiación.
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Pese a la contundencia de las cifras expuestas por el ente acusador, la imputación de cargos enfrentó un freno en los estrados. La investigación penal se sostiene sobre el cruce de datos de los reportes entregados al aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los hallazgos de los investigadores. Según el delegado de la Fiscalía, la información oficial declarada no refleja la realidad de los gastos ejecutados bajo la administración financiera de Roa.
Los números que descuadran en la primera vuelta
El ente investigador fue categórico al detallar la presunta manipulación contable. Durante su intervención, el fiscal explicó la operación matemática que delataría el exceso:
“En Cuentas Claras gastos por COP 28.384.680.001 pesos y a ese valor se le suman los gastos no reportados o reportados parcialmente, los cuales suman COP 1.193.929.890 pesos, así como el ajuste neto por reclasificación entre vueltas equivalente a COP 345.982.836 pesos. Entonces tenemos que, haciendo estos cálculos matemáticos, el gasto real de la primera vuelta ascendió fue a COP 29.924.592.727 pesos. Suma que, comparada con ese límite fijado por la autoridad electoral, produjo un exceso de COP 1.388.072.235 pesos”.
Esta sumatoria evidencia que, para la primera fase de la contienda, la gerencia de la campaña habría manejado recursos paralelos que rebasaron en más de 1.300 millones de pesos el techo fijado por la ley.
Responsabilidad directa sobre los $345 millones en la recta final
El escrutinio no se limitó a la primera etapa. Para la segunda vuelta, disputada entre el 30 de mayo y el 19 de junio de 2022, la Fiscalía identificó el mismo patrón de omisión. El fiscal aclaró que ambas etapas se evalúan por separado ya que “constituyó esa etapa electoral distinta y era distinta porque no se sabía quién iba a ir a la segunda vuelta y por eso tienen independencia”.
Sobre este periodo definitivo, la acusación se centra en un hueco financiero de 345 millones de pesos. En plena audiencia, el representante del ente investigador se dirigió directamente al presidente de la petrolera estatal para señalar su nivel de implicación y conocimiento de los hechos:
“Así, señor Ricardo Roa, durante la segunda vuelta presidencial la campaña reportó en Cuentas Claras gastos por más de 13.199 millones de pesos (...) Se suman otros gastos no reportados, lo que derivó en una presunta violación de topes por más de 345 millones de pesos”.
La Fiscalía descartó que el papel de Roa fuera meramente nominal. El ente acusador subrayó que el exgerente actuó con pleno dolo. “Conforme a esos hechos ya expuestos, usted tuvo a su cargo esa gerencia. (...) Precisamente se le designó a usted. Así, tenía la capacidad de aprobar, disponer y ejecutar decisiones con incidencia directa”, sentenció el fiscal.
Pese a la exposición del ente investigador, la diligencia judicial quedó en pausa y se reanudará el próximo lunes 11 de mayo a las 2:00 de la tarde. El aplazamiento se produjo luego de que el equipo de abogados del directivo le exigiera a la Fiscalía mayor precisión cronológica sobre los hechos jurídicamente relevantes que configuran la presunta alteración de cuentas en 2022.