Una investigación coordinada internacionalmente reveló la existencia de una aberrante red de explotación sexual infantil que tenía sede en Medellín. La estructura criminal se dedica a producir y comercializar material de abuso sexual de menores de edad en distintas plataformas digitales, incluyendo transmisiones en vivo y canales cifrados dirigidos, principalmente, a personas extranjeras.
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Por medio del operativo “Operación Alpha MASI” se logró la captura de 11 presuntos integrantes de esta red, de los cuales siete eran de Medellín, uno de cartagena y otros tres de Estados Unidos. Uno de los detalles más alarmantes de caso es que varias de las personas judicializadas hacían parte de los círculos cercanos de las víctimas, siendo sus madres, tías, primas y amigas.
Las edades de los menores rescatados van desde los 10 meses hasta la adolescencia. Actualmente, todos los bebés, niños y niñas involucrados están bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos. “Estamos hablando de abusos de niños de 10 meses y niñas de 10 meses. Estamos hablando de abusos de niños de 2 años, de 3 años, y también de 12 y 14 años. Es una sociedad enferma”, señaló, indignado, el alcalde Federico Gutiérrez.
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Otro de los descubrimientos que conmocionaron a las autoridades fue la promoción de las agresiones sexuales a través de plataformas de mensajería y espacios digitales clandestinos. En ellos, realizaban transmisiones en tiempo real a cambio de dinero, con pagos que podían alcanzar hasta los 63.000 dólares, es decir, más de 227 millones de pesos.
A partir de análisis tecnológicos, rastreo financiero y cooperación internacional, los organismos de seguridad lograron identificar a quienes producían, distribuían y monetizaban el material desde Colombia.
Con todo el material probatorio recolectado a lo largo de cuatro meses, se inició con la captura de los tres estadounidenses, quienes poseían videos, fotografías y registros de las estremecedores transmisiones.
Los siete capturados en Medellín fueron enviados a prisión con medida de aseguramiento intramural y deberán responder por delitos como pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial de menores, proxenetismo agravado y acceso carnal violento.