Fuerte rechazo genera la decisión del ELN de mantener retenidos a funcionarios del CTI de la Fiscalía y de la Dijin de la Policía en Arauca, luego de que esa guerrilla anunciara supuestos “juicios internos” contra los uniformados y servidores judiciales secuestrados desde el año pasado.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) emitió un pronunciamiento en el que cuestionó duramente las acciones del grupo armado y advirtió que este tipo de prácticas representan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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Rechazo a decisión del ELN de mantener retenidos a funcionarios del CTI y la Dijin
“Más allá de cualquier discusión jurídica, estos hechos constituyen una forma de sometimiento físico y psicológico contra personas retenidas bajo amenaza permanente de daño y fusilamiento”, señaló la organización.
Indepaz alertó además que las personas secuestradas permanecen aisladas de sus familias y privadas de garantías fundamentales, situación que podría derivar en presiones, autoincriminaciones forzadas y afectaciones graves a su dignidad humana.
“Esos no son ‘juicios revolucionarios’; son prácticas arbitrarias y degradantes, propias de los sistemas de poder más autoritarios y violentos”, indicó la organización defensora de derechos humanos.
En su comunicado, Indepaz recordó que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe las condenas impuestas sin tribunales legítimamente constituidos y sin garantías judiciales.
Por esa razón, advirtió que este tipo de actuaciones del ELN podrían constituir graves infracciones al DIH e incluso configurar crímenes de guerra.
“Ninguna causa política puede justificar la humillación, la coacción ni el uso del miedo y el terror como mecanismos de control o propaganda armada”, agregó la organización.
Fiscalía y Corte Suprema piden liberación inmediata
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia también emitieron un pronunciamiento conjunto en el que reiteraron el llamado al respeto por la vida y la libertad de los funcionarios secuestrados.
Las entidades mencionaron específicamente a los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los integrantes de la Policía Nacional Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.
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“El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia”, indicaron las instituciones.
Además, señalaron que el secuestro solo deja consecuencias permanentes para las víctimas. “La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país”, dice el documento.