El panorama electoral en Colombia se agita tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una indagación preliminar contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. La investigación, revelada inicialmente por Caracol Radio, busca determinar la veracidad de las firmas presentadas para su inscripción, ante presuntas irregularidades.
Le puede interesar: Cattleya: El nacimiento que revive la esperanza para el Cóndor de los Andes en Colombia
Lejos de guardar silencio, el abogado y candidato respondió con dureza, calificando el proceso como un ataque sistemático para sacarlo de la contienda política.
Defensa técnica y política: “Las firmas fueron revisadas”
De la Espriella aseguró que su proceso de inscripción cumplió con todos los requisitos legales y que el número de rúbricas válidas superó con creces el mínimo exigido por la ley.
- Validez de la candidatura: El aspirante enfatizó que su aspiración está en firme y que “nadie la puede tumbar”.
- Críticas al CNE: Cuestionó que la autoridad electoral no rechazara la solicitud de plano, calificando la investigación como una “leguleyada sin sentido” y un “imposible jurídico” a la luz de la jurisprudencia.
- Operación Júpiter: Atribuyó este movimiento a una supuesta campaña de desprestigio denominada “Operación Júpiter”, la cual, según él, incluye encuestas arregladas y titulares tendenciosos tras meses de “guerra sucia”.
Alerta de seguridad: Denuncia de amenazas de muerte
El momento más crítico de sus declaraciones llegó cuando el candidato advirtió sobre un presunto plan para atentar contra su integridad física. De la Espriella pidió a las autoridades de inteligencia y seguridad máxima atención ante informes que sugieren un intento de eliminación.
“Como no pudieron sacarme ni jurídica, ni emocional, ni espiritual, ni moralmente, ya hay amenazas serias de que van a intentar eliminarme físicamente”, sentenció el candidato.
Esta nueva controversia añade una capa de tensión a la carrera por la Casa de Nariño, situando el debate entre la rigurosidad de los procesos de verificación electoral y las garantías de seguridad para los aspirantes en un entorno de alta polarización política.