Los propietarios de la marca Lili Pink, parece ser que abandonaron Colombia antes de los allanamientos ordenados por la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades los investigan por un presunto entramado de contrabando y lavado de activos que supera los 700 mil millones de pesos, en una operación que ya deja más de 400 bienes bajo ocupación cautelar.
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El abogado defensor Iván Cancino confirmó en exclusiva al diario El Tiempo la salida de los empresarios colombo-panameños, Max Marvin Abadi y David Abadi,. El penalista aclaró que sus clientes no evadirán el proceso y rendirán las explicaciones correspondientes mediante audiencias virtuales.
Mientras tanto, la defensa solicitó el traslado del expediente judicial a Barranquilla. Esta petición choca frontalmente con la postura del ente acusador, el cual insiste en mantener el caso radicado en Bogotá debido a la gravedad y al alcance nacional de la investigación iniciada en el año 2022.
Empleados de confianza como fichas del entramado
La estructura financiera detectada revela el uso del personal administrativo y operativo para la creación de empresas fachada. Jonnathan Villamil, conductor personal de la familia Abadi, figura como representante legal de una de las principales proveedoras de la cadena textil. Villamil es actualmente el único capturado de las ocho órdenes de aprehensión emitidas, aunque su defensa pidió aplazar las diligencias alegando problemas de salud, según reportó el diarios.
A esta red de testaferrato se suman perfiles como Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, tesorera del grupo, además de operarias y ejecutivas de recursos humanos. Las autoridades señalan que estas compañías satélite se encargaban de alterar el origen de la mercancía, sustituyendo las etiquetas de productos fabricados en China por marquillas con la leyenda de “hecho en Colombia”.
Durante las diligencias judiciales a locales y oficinas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el CTI incautaron cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo, congelaron cuentas bancarias y decomisaron documentación clave. El rastreo expone irregularidades sistemáticas en devoluciones de IVA y un incremento patrimonial injustificado de 434.000 millones de pesos en las arcas de los Abadi. Las decenas de interceptaciones telefónicas y el seguimiento contable apuntan a presuntos movimientos de capital hacia Panamá y Bahamas a través de préstamos cruzados y sociedades extraterritoriales.